Los sindicatos CCOO y CGT se han unido al Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya para firmar un manifiesto conjunto por la defensa de los puestos de trabajo y de las salas de cine y en contra del proyecto de ley del cine aprobado esta semana por el gobierno catalán, en el que se busca una representación paritativa entre el castellano y el catalán en el cine proyectado en Catalunya.

En el manifiesto, denuncian «el peligro que supone el Proyecto de Ley del Cine para la viabilidad del sector y el futuro de sus trabajadores». Por ello, piden que «el mismo respeto y compromiso que la administración ha demostrado con otros sectores económicos» se aplique a los empresarios, empleados y espectadores del cine, algo que según ellos la Ley de Cine no hace.

En el manifiesto también se critica el proyecto de ley aprobado por el Govern porque, en su opinión, «agravará aún más la situación de los trabajadores de un sector en el que todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para mantener los puestos de trabajo y porque no se ha tenido en cuenta la realidad del sector».

Según sus cálculos, la legislación provocará pérdidas económicas de al menos el 14% en el primer año después de su aplicación. Además, los sindicatos expresan su apoyo a la contraoferta que le ha salido a la ley. Ésta consiste en la creación de una Red de Cines en catalán que consideran que es un buen punto de partida viable, de consenso y de aplicación inmediata que aumenta sensiblemente la oferta de cine en catalán en todo el país. Esta propuesta cuenta también con el apoyo de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos.

El departamento de Cultura de la Generalitat, por su parte, ve «insuficiente» la propuesta de creación de esta Red de Cines en catalán, pues la oferta de cine doblado en catalán pasaría del 3% actual a un 8%, y se quedaría lejos de la igualdad.

El Gremio de Empresarios de Cines de Catalunya aglutina a la mayor parte de las empresas privadas de exhibición cinematográfica, tanto grandes como pequeñas salas. Los empresarios también criticaron que la nueva legislación pone en evidencia un claro «desconocimiento» de la realidad económica de las salas de cine en Catalunya, que han pasado de 29,3 millones en 2003 a 22,3 en 2008; de los problemas de la piratería, el poco éxito del producto autóctono y de los hábitos de los espectadores.