El fiscal general español se erige en juez de Batasuna
Cándido Conde-Pumpido piropea a Alfredo Pérez Rubalcaba y asegura que la izquierda abertzale sólo tiene posibilidades de poder ir a las urnas «si ETA abandona las armas o Batasuna abandona a ETA».
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El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer en Bilbo como un admirador de Alfredo Pérez Rubalcaba, y dijo que «tenemos suerte de tener a una persona tan firme, tan hábil y tan capaz al frente del Ministerio del Interior en este momento. Y se está poniendo de relieve que su trabajo está teniendo el éxito debido a su buen planteamiento».
Quizá llevado por esa admiración, a la hora de hablar de la izquierda abertzale introdujo uno de los juegos de palabras que tan del gusto son también de Rubalcaba. Según Cándido Conde-Pumpido, «las urnas son incompatibles con las armas y, en consecuencia, sólo hay dos circunstancias que se puedan plantear para que tengan la posibilidad de volver a las urnas. Se producirá en dos casos: Si ETA abandona las armas o si Batasuna abandona ETA. Sólo hay esas dos posibilidades».
Profundo conocedor de los entresijos de la administración de Justicia y del sistema judicial español, el fiscal general -como suele hacer también el ministro de Interior- dejó de lado la separación de poderes y dictó sentencia sin atender a que, en cualquier caso, primero la izquierda abertzale debería de hacer alguna petición y después, si ésta se impugnara, habrían de ser en todo caso los jueces quienes se pronunciaran al respecto.
Sobre los avisos de Rubalcaba anunciando grandes atentados o secuestros de personas relevantes, Cándido Conde-Pumpido defendió al ministro aduciendo que, a veces, «hay que hacer anuncios porque, en algunas ocasiones, es conveniente que ellos (los de ETA) sepan que nosotros sabemos».
La sociedad vasca considera que el proceso hacia la paz en Euskal Herria se encuentra en una «incipiente» situación de «desbloqueo» y percibe algunos «rayos de luz» en el mismo al abrirse un «importante» debate en la izquierda abertzale en el que «se afirma la voluntad de avanzar en un proceso sin violencia y por cauces democráticos». Así consta en el informe del Observatorio Social del proceso de paz correspondiente a otoño de 2009, elaborado por Lokarri. En la elaboración de dicho informe, que fue presentado ayer en Bilbo, han colaborado un total de 916 personas mediante un cuestionario y además se han celebrado 13 observatorios locales en los que han tomado parte otras 114 personas.
A pesar de la valoración positiva de la Declaración de Altsasu, se sigue manteniendo un «déficit de credibilidad» de la izquierda abertzale, porque creen que no hubo «un rechazo expreso al uso de la violencia» y porque experiencias fallidas anteriores provocan cierto escepticismo en la sociedad.
Junto a los rayos de luz, los encuestados también observan sombras que atribuyen a que «ni hay voluntad de ETA de poner fin a la violencia, ni los partidos e instituciones han activado procesos de diálogo para buscar de manera compartida una salida a la situación de desbloqueo»
Además de pedir el fin de la violencia de ETA, los encuestados encuentran necesaria para la paz y la convivencia la puesta en marcha de un proceso de diálogo, la derogación de la Ley de Partidos, la definición de un acuerdo político sobre el derecho a decidir de la sociedad vasca y el impulso de la participación ciudadana en el proceso de paz.
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