La diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, había solicitado comparecer ayer en las Juntas Generales de Araba para informar sobre la «fuga y desaparición» de varios menores extranjeros en los centros de acogida.

La comisión, finalmente, se celebró a puerta cerrada, a petición de Solaguren y con el apoyo de otros grupos políticos. No obstante, GARA ha podido saber

algunas de las cuestiones debatidas ayer en las JJGG.

Una vez más, Solaguren defendió que la Diputación «tiene dudas sobre la verdadera edad» de estos jóvenes. «Existen evidencias y la Fiscalía debería aceptar la prueba ósea», declaró Solaguren. Por contra, hace una semana la Fiscalía, además de anunciar más de cien demandas contra el ente foral por no expedir los certificados de tutela, constató que la única determinante es el pasaporte y que la ley no deja lugar a «dudas». «¿Quién determina que lo que pone en un pasaporte expedido en Senegal no es exacto? Dudar de su veracidad supondría llevar este asunto a la esfera diplomática», afirmó la fiscal.

Así, la diputada de Política Social y Servicios Sociales justificó la no tramitación de los certificados de tutela, indispensables para obtener el permiso de residencia, ya que, en su opinión «si no son menores de edad, expedir estos certificados podría entenderse como un fraude» por parte de la Diputación.

El pasado 5 de enero, veintiséis menores no acompañados se marcharon del centro de acogida descontentos con las trabas a los certificados y disconformes con el trato que reciben en los centros. Colectivos y sindicatos denunciaron que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Preguntada al respecto, Solaguren ensalzó la «profesionalidad» de los trabajadores y respondió que «no son aceptables» afirmaciones de ese tipo. Por contra, la diputada del grupo jeltzale no ha contrastado esas afirmaciones con los propios menores implicados.