Han coincidido en el tiempo la publicación de los alarmantes datos referentes al desempleo en 2009, con el anuncio por parte del Gobierno español de su intención de ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años. Seguramente, no es ninguna casualidad. Quizá en esta ocasión Zapatero pretenda matar dos pájaros de un tiro al desviar la atención sobre el porcentaje de parados y, de paso, tomar el pulso a la opinión pública y a las fuerzas sociales acerca de su firme intención de retrasar la jubilación para, pretendidamente, sanear las cuentas de la Seguridad Social.

Dejando a un lado esta burda estrategia, y por si quedaban dudas, el PSOE, incapaz de articular una alternativa socioeconómica que haga honor a su hace tiempo falaz denominación (socialista y obrero, siguen diciendo) reafirma su decidida apuesta por el sistema económico neoliberal tratando de empujar a la clase trabajadora a las fauces del sistema privado de pensiones. Así, no sólo añade dos años a la edad laboral, sino que también pretende reducir el poder adquisitivo de los jubilados al ampliar (en un número de años aún sin determinar) la base de cotización sobre la que se calcula la pensión, periodo fijado en la actualidad en los quince años anteriores al retiro. Y, por si fuera poco, también amenaza con «medidas de control» para reducir del acceso a las jubilaciones anticipadas. El envite es grueso, pero la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que la reforma será acordada con los agentes sociales.

A juzgar por las experiencias en reformas anteriores, tanto laborales como del sistema de pensiones, nada bueno puede salir para los trabajadores de ese pretendido acuerdo. Y precisamente de esa experiencia nace el profundo convencimiento de la clase trabajadora vasca de que sólo un ámbito propio de decisión garantizará a Euskal Herria quedar al margen de los modelos antisociales que imperan en los estados español y francés.