Uno de los indicadores más visibles y preocupantes de la inadecuada forma de encarar la política migratoria en general y la política hacia la infancia y juventud extranjera desprotegida en particular es contemplar los lamentables argumentos que se utilizan por parte de la administración, a quien compete la protección de éstos jóvenes, ahora también en el caso de Araba.

La argumentación se centra intencionadamente en el falso debate sobre si estos jóvenes son o no mayores de 18 años, porque en el fondo de este argumento lo que está latiendo es algo bien sencillo: el objetivo de las actuales políticas es el aparcamiento temporal con el objetivo no de impulsar su incorporación social y extender así el derecho de ciudadanía cumplidos los 18 años, sino de impulsar su exclusión social dificultando su tutela certificada, arraigo, residencia y permanencia en nuestro país.

Ésta es la diferencia entre el país de acogida que decimos ser y un simple país hostil de llegada, que es lo que somos. Vaya por delante que nos quedamos, aunque la consideremos insuficiente, con la política de quienes asumen esta acogida temporal, como es el caso de las instituciones alavesas, aunque sea a regañadientes, y consideramos injustificable la actitud de otras comunidades autónomas que ni siquiera cumplen con los mínimos. Las posibilidades de acogida son enormes: miles de viviendas vacías en Araba, cientos de jóvenes alaveses licenciados en paro que pueden trabajar en estas tareas, hogares alaveses dispuestos a acogerlos... Pero falta, como siempre, reorientar las prioridades políticas atendiendo preferentemente a las necesidades sociales de la población excluida.

Los criterios y programas para materializar el objetivo de la integración social de esta infancia y juventud extranjera desprotegida están bien claros en la actual legislación vigente (Ley 3/2005). Con ella en la mano, la «reclusión» en centros de acogida temporal es la medida central, por no decir única, que se desarrolla. Pero entendemos que esta medida no sólo es la menos adecuada, sino que responde a la lógica del «aparcamiento temporal». Por el contrario, existen otras muchas medidas contempladas en la legislación y que suponen el impulso de una nueva política que busca su integración social en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que todos tengan intención de quedarse en nuestro país (los datos hablan por sí mismos), pero nuestra obligación y, más allá, nuestro deseo como país endeudado históricamente con los países empobrecidos de los que provienen habría de ser acogerlos, es decir, trabajar por su integración social voluntaria.

Vamos a plantear primero cuatro criterios de actuación y, en segundo lugar, algunos de los principales servicios y programas que resultan mucho más baratos económicamente que los centros y, sobre todo, mucho más rentables socialmente. Por lo que se refiere a los criterios habrían de ser los siguientes:

En primer lugar, garantizar el derecho a la identidad «sin que su identificación vaya en contra de sus intereses» y pueda incidir en la conculcación del resto de sus derechos, con el fin de que pueda, a partir de ello, acceder a todos los derechos que asisten legalmente a las personas con ciudadanía española.

En segundo lugar, hacer efectiva su regularización mediante su tutela y documentación, regularización que supone un «plan individualizado de incorporación social a nuestro país con el objetivo final de garantizar su permanencia mientras tenga voluntad de residir en él». Necesidad de una tutela automática por parte de la administración y de una política general de regularización de su situación legal en nuestro país debido a su situación de desamparo (Ley sobre protección jurídica del menor: 15/01/96). Esto supone garantizar su derecho al proyecto migratorio individual y, en consecuencia, a no ser repatriado contra su voluntad y, sobre todo, el acceso a la nacionalidad de quienes lo deseen, incluyendo a quienes ya son mayores de 18 años.

En tercer lugar, potenciar todas las «acciones, programas y políticas necesarias articuladas entre la red institucional y asociativa implicada para impulsar y crear los dispositivos necesarios para la acogida, acompañamiento y arraigo de la infancia, adolescencia y juventud proveniente de otros países en nuestra sociedad». Conseguir reducir al máximo la utilización e ir más allá de los actuales centros de acogida hasta conseguir su desaparición, sustituyéndolos con programas comunitarios alternativos ajustados a las características e itinerarios personales de incorporación social de cada menor.

Por último, reforzar los «mecanismos de control garantista» sobre las actuaciones en los procesos de detención y repatriación, así como sobre las condiciones en las que se encuentran los llamados «MENAS» (Menores Extranjeros No Acompañados), tanto en los denominados centros de acogida como en cualquier otro lugar en el que se encuentren.

En cuanto a los servicios y programas contemplados en la actual legislación que facilitarían su incorporación a nuestra sociedad dentro de un principio básico en la gestión de los servicios sociales, cual es la diversificación de los mismos y su adaptación a las necesidad de las personas y no adaptando las personas a las exigencias de los recursos, podemos destacar las siguientes:

Potenciar una «red social de acogimiento personal y familiar» estructurada internamente y coordinada con las instituciones mediante «programas de acompañamiento personal y acogimiento familiar a la infancia y juventud extranjera». Ésta ha de ser la norma, tal y como dice la ley, frente a las demás previstas. Para ello es necesario el apoyo y remuneración económica a las familias acogedoras siempre que la motivación para acoger no sea el dinero, simplemente para evitar las cargas familiares que supone el cuidado del menor; sin expectativa de «acogimiento preadoptivo», sino de emancipación del joven, implicando a familias con el mismo origen cultural, trabajando conjuntamente con las familias de origen, en caso de ser posible, y con el apoyo a las familias acogedoras con equipos formados por trabajadoras y trabajadores sociales, educadores de familia, mediadores culturales e idiomáticos, etcétera, tal y como estable la ley.

En los casos de «acogimiento institucional», potenciar los «hogares de pequeño tamaño» (pequeños grupos familiares) adaptados a la edad, situación familiar, características personales de cada menor, donde no se prioricen criterios de seguridad y prácticas estandarizadas y normas generalizadoras no adaptadas a la realidad de cada menor, reduciendo y/o eliminando el recurso a centros residenciales o macrocentros.

«Condiciones dignas de trabajo de las personas profesionales que trabajan en los servicios» de atención (salariales, horarios, formación, exigencia profesional, etcétera). Gestión pública y no privada de todos los programas y servicios de atención a menores, incluyendo la dependencia de las trabajadoras y los trabajadores. Cuidado con el negocio de la atención a la infancia, adolescencia y juventud en situación de desamparo, cuidado con las empresas privadas disfrazadas de ONG que tras presuntos intereses altruistas esconden intereses con ánimo de lucro encubierto.

Por último, «programas de continuidad para el acogimiento» de quienes cumplen los 18 años y no han podido aún conseguir su autonomía, con «pisos de emancipación» de larga estancia para los que van a cumplir la mayoría de edad con un proyecto de apoyo educativo, formativo y laboral. Evitando así la huida de los centros, la repatriación, el abandono social y, lo que es más preocupante, evitar condenarlos a la clandestinidad cumplidos los 18 años y a recurrir a la economía sumergida.

En conclusión, como podemos observar, queda mucha tarea por hacer, tanto en la reconstrucción de muchos de los discursos y prácticas actuales como en la construcción de nuevas formas de concebir esta cuestión y de afrontarla. En esta tarea hemos de crear sinergias entre los propios afectados, la sociedad civil y sus redes asociativas y las instituciones competentes. Para ello, un primer paso es eliminar la imagen distorsionada y los prejuicios racistas creados intencionadamente hacia esa parte de nuestra juventud.