Esa es la pregunta que hacemos desde la Plataforma de la Ribera + Centrales No tras la reciente resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) declarando nulo el convenio que el Pleno del Ayuntamiento de Castejón suscribió en abril de 2008 (con los votos favorables de los seis concejales del PSN en la Corporación) con la empresa promotora Elerebro (Hidrocantábrico), propietaria de dos de las tres centrales térmicas que a día de hoy hay instaladas en Castejón, para la liquidación de la Contribución Urbana.

Esta declaración de nulidad viene precedida por otra resolución del TAN que anuló, sin poder disimular su perplejidad y asombro, el carácter confidencial que el Ayuntamiento había otorgado a ese acuerdo con la eléctrica y que lógicamente debimos recurrir ante la negativa del Ayuntamiento a facilitarnos copia del mismo. Gracias a esa primera resolución del TAN pudimos conocer tan sobrecogedor convenio. Según el mismo: «La eléctrica abonaría al Ayuntamiento un importe de 395.000 euros por cada una de sus dos centrales desde el primer año en que cada una de ellas estuvo sujeta al pago de la contribución, sin sufrir alteración alguna en su cuantía nominal durante 20 años». Por si fuera poco, «el Ayuntamiento mantendrá sus propósitos de liquidar según lo antes dicho, aún en el caso de que la empresa recurra por vía administrativa la valoración catastral que la Hacienda Foral asigne a las centrales». Fueron razones suficientes para impugnar el acuerdo y, otra vez, los tribunales han estado de acuerdo con nosotros.

El TAN, con sus dos resoluciones, ha resuelto que estamos ante un convenio ilegalmente declarado como confidencial por el Ayuntamiento y cuyo contenido es nulo porque «las administraciones públicas no pueden suscribir válidamente convenio alguno sobre la base de actuar de un modo no conforme a la ley, y el Ayuntamiento es manifiestamente incompetente por razón de la materia para valorar por su cuenta un inmueble a estos efectos tributarios». Ahí es nada.

Semejante atropello legal ha obtenido hasta ahora como única respuesta oficial conocida (salvo la nuestra, que como casi siempre es sutilmente ignorada) la del alcalde de Castejón, cargando sobre nosotros la responsabilidad de explicar el porqué de nuestros recursos contra ese convenio confidencial y de contenido ilegal que sólo buscaba beneficiar al pueblo, ya que la empresa iba a pagar más de lo que debía.

Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en dar explicaciones, pero hay una serie de preguntas que no nos corresponde responder: ¿A cambio de qué firmó la multinacional eléctrica un convenio secreto e ilegal por el que iba a pagar, según alega el alcalde, más de lo que legalmente debería? ¿Cómo se consigue firmar un convenio confidencial e ilegal sin que la Hacienda Foral lo sepa? Porque no lo sabía, ¿verdad? La otra multinacional eléctrica, propietaria de la tercera central que hay en el pueblo y aspirante a una cuarta, Iberdrola, ¿por qué no tiene un convenio similar? ¿O sí lo tiene?

Por esto y por las anteriores resoluciones judiciales que han estimado las demandas de nuestra plataforma en este conflicto ambiental que mantenemos contra las tres administraciones -estatal, autonómica y local- y sus fieles aliados, los poderosísimos lobbies energéticos, es por lo que nos preguntamos: y ahora, ¿qué?

Hace más de 2.000 años Cicerón pronunció en el Senado romano un discurso que constituye la obra cumbre de la oratoria política y que mantiene intacta su vigencia: «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?» (Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?). «¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada audacia tuya?» (Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?). Gracias a sus Catilinarias, al menos por un tiempo, la República Romana se salvó de la conjuración que pretendía destruirla. Nosotros no tenemos la elocuencia del inmortal Príncipe del Foro ni podemos aspirar a conseguir tanto, pero sí esperamos que ese «Y ahora, ¿qué?» sirva para despertar las conciencias adormecidas de nuestros parlamentarios, tan bien acomodados en sus escaños. Sirva para impulsar la acción de esas instituciones que están obligadas a velar por el cumplimiento escrupuloso de la ley y a proteger el interés general. Sirva para que quienes se consideran altavoces de los problemas de la sociedad ejerzan como tales con espíritu crítico y objetivo, algo que con tanta facilidad olvidan. Mientras tanto, seguiremos haciendo bandera de otra frase atribuida al inmortal genio de Arpino: «El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes».