La persona objeto de las iras de aquellos polacos y checos preocupados por la integridad territorial de sus estados es Erika Steinbach, diputada federal por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel y presidenta de la Federación alemana de Desplazados (BDV). La organización nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial para representar los intereses de los quince millones de alemanes que a raíz de la contienda y de la derrota militar del nazismo tuvieron que dejar sus hogares en los territorios orientales del Reich, como Prusia del Este, que desde 1991 pertenecen oficialmente a Polonia, Rusia y Chequia.

La BDV dice contar con dos millones de afiliados, con presencia en los dieciséis estados federales alemanes y aglutinados en veintiún organizaciones que representan a sus regiones originarias, entre otras, Prusia del Este, Silesia, y la zona de los Sudetes.

Todas estas regiones pasaron a estar bajo administración polaca, checa y soviética en el transcurso de la guerra. En la Conferencia de Potsdam de 1945, las potencias ganadoras legalizaron este status quo y decidieron que el éxodo de la población alemana al oeste de la línea formada por los ríos Oder y Neisse se debía realizar de forma humanitaria. Varios millones de alemanes ya habían abandonado sus viviendas en plena contienda ante el avance del Ejército Rojo en 1944 y 1945. En la mal preparada huída se confirmó la muerte de al menos 473.000 personas.

Durante la Guerra Fría, la BDV se convirtió en la punta de la lanza anticomunista que la CDU del primer canciller de la República Federal de Alemania (RFA), Konrad Adenauer, utilizaba para atacar a la República Democrática Alemana (RDA) y a las demás repúblicas socialistas. Mientras la RDA reconocía, en 1950, la línea Oder-Neisse como su definitiva frontera oriental, la RFA reclamaba la devolución de los «Ostgebiete». En 1989-1990, los gobiernos de los dos estados alemanes se vieron obligados a repetir este reconocimiento como condición previa para la «unificación», que se realizó a través de la adhesión de la RDA al territorio y a la legislación de la RFA.

El tema quedó legalmente zanjado en 1991, cuando el Parlamento Alemán, el Bundestag, ratificó el Pacto de Fronteras con Polonia, pero varios diputados, entre ellos Erika Steinbach, votaron en contra. Tras ser elegida presidenta de la BDV en 1989, la parla- mentaria atacó a a Varsovia reclamando indemnizaciones para sus «desplazados», y advirtió de que en el caso contrario se obstaculizaría el ingreso de Polonia en la UE.

«La bestia rubia»

Sus palabras levantaron ampollas en Polonia, el segundo país de la Europa oriental que tras Checoslovaquia (1938) fue invadido por los alemanes en 1939. A las exigencias del «alemanismo de siempre» respondió el «polonismo de siempre» de la misma manera, amenazando con que Varsovia podría reclamar indemnizaciones por la guerra si el Gobierno alemán hacía suyas las exigencias de Steinbach.

Ese mismo año, la CDU perdió el poder, pero desde la oposición Steinbach seguía enrareciendo el ambiente proponiendo la creación de un «Centro contra Desplazamientos» en Berlín. El nacionalismo polaco, personificado por los gemelos ultras Lech y Jaroslaw Kaczynski, presidente y jefe de Gobierno, respectivamente, contraatacó. En 2003, una revista publicó en primera página un fotomontaje en el que Steinbach vestía el uniforme negro de las SS y en pose de «dominatrix nazi» daba latigazos al entonces canciller socialdemócrata Schröder. La líder del BDV respondió comparando a los políticos polacos con los neonazis alemanes.

El clima está tan enrarecido que incluso políticos moderados, como el responsable de las relaciones de Polonia con Alemania e Israel, Wladyslaw Bartoszewski, se refiere a Steinbach como «la bestia rubia». Y la BDV le sigue proporcionando munición, ya que mientras algunos de sus miembros han acabado en el neonazismo, otros han creado la Preussische Treuhand, la Fiduciaria Prusiana SA, una empresa que quiere lograr indemnizaciones para los alemanes que perdieron su patrimonio en el este de Europa. Con ese objetivo llevaron varios casos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó sus demandas en 2008.

Tres años antes, en 2005, el bipartito de CDU y SPD quiso calmar los ánimos creando la estatal Fundación Fuga, Desplazamiento, Reconciliación, en Berlín. Con ello, la BDV consiguió que se equiparase el desplazamiento de los alemanes con otros éxodos, obviando que esa tragedia fue resultado de la guerra de exterminio que los nazis practicaron contra los pueblos del Este para crear el «espacio vital» reservado para la «clase aria dominante». Es más, la BDV propuso a Erika Steinbach como uno de sus tres representantes en el Consejo de la Fundación, compuesto por trece personas.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el liberal Guido Westerwelle, se niega a aceptar este nombramiento para no complicar las relaciones con Polonia. No obstante, varios catedráticos de Derecho le han recordado que la ley de la Fundación le obliga a admitir a la líder de los «desplazados». Y Steinbach no da su brazo a torcer porque sabe que la CDU necesita a los votantes de la BDV.