El sindicato ELA presentó ayer un estudio sobre la relación existente entre la participación de las organizaciones sindicales y patronales en el diálogo social y su financiación, a partir del que concluyeron que el modelo actual en la CAV y Nafarroa «es un esperpento», porque supone guardar silencio o «aplaudir políticas» que atacan los derechos de los trabajadores», a cambio «de la gestión de una parte de los fondos públicos».

La denuncia de ELA se basa en las conclusiones del análisis realizado sobre los fondos que reciben patronal y CCOO y UGT en cuestiones como la formación contínua. A este respecto, señalaron que en 2008, «CCOO, UGT y la patronal recibieron el 33% de la cantidad total objeto de subvención, esto es, 7.453.442 millones de euros», lo que «supone que las propias organizaciones que deciden el reparto de los fondos se autoasignan uno de cada 3 euros que se destinan a la formación continua en la CAPV», subrayó la central.

De la misma convocatoria, ELA considera llamativo que la asignación concedida a UGT y CCOO «sea exactamente la misma -2.o25.000 euros a cada organización- mientras el resto -3.403.000 euros- se destinaron a las organizaciones empresariales territoriales».

La central que lidera Txiki Muñoz aportó también datos sobre ayudas referidas a la formación ocupacional, una materia no transferida al Gobierno de Lakua, pero a la que el Ejecutivo autonómico viene destinando recursos económicos, un total de 10,5 millones de euros, según precisó ELA.

Este sindicato destacó que de esos fondos, CCOO recibió 400.000 euros en 2008 y 30.000 fueron a parar a IFES, una entidad de formación de UGT, y puso el acento en que por este concepto CCOO ha recibido más de un millón de uros en los últimos tres años.

ELA desgranó, por otra parte, la gestión de ayudas en materia de Seguridad y Salud Laboral en la Construcción en Araba y Bizkaia, fondos dotados de cantidades dinerarias fijas y para la liberación de personal de las organizaciones sindicales que velen por el cumplimiento de la ley en materia de seguridad y denuncien irregularidades.

«En una materia sensible como la salud y seguridad laboral -subrayó- el dinero público se emplea en liberar a gente» que no persigue el incumplimiento de la legislación.