Para buscar antecedentes de lo que haya podido ocurrirle a Jon Anza no es necesario remontarse a los tiempos de los GAL, ni rememorar casos de «guerra sucia» de los años ochenta. El 11 de diciembre de 2008, cuatro meses antes de que desapareciera Anza, el ataundarra Juan Mari Mujika fue secuestrado en el centro de Donapaleu por cuatro hombres que luego se identificaron como policías españoles.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Baiona recoge que, sobre las 8.50 de la mañana, cuando Mujika se disponía a subir a su vehículo, tres hombres lo abordaron y le pidieron que les acompañara a comisaría. Sin embargo, tras montar con ellos en un coche, se presentaron como policías españoles y le condujeron hasta un cercano lago, apartado y poco frecuentado, donde se encontraba ya un cuarto individuo. Allí, dos de ellos le interrogaron durante dos horas, le amenazaron y le ofrecieron colaborar con ellos a cambio de dejarle en paz, a él y a su familia.

Teléfonos españoles

Tras la presentación de la denuncia, se puso en marcha una investigación sobre lo ocurrido. Entre las pruebas practicadas se incluía un informe pericial de telefonía que vino a corroborar la aparente veracidad del relato. La comprobación de las señales emitidas por los repetidores de la zona reveló que en el momento de los hechos estaban activados en el área mencionada por el denunciante varios teléfonos móviles. Según publicó «Le Monde» casi un año después -en un reportaje sobre la desaparición de Jon Anza, precisamente-, los números identificados eran de teléfonos españoles y, además, eran cuatro, lo que coincide con el número de secuestradores referido en la querella.

A la vista de estos datos, el juez encargado del caso envió una comisión rogatoria internacional al Estado español para interesar la indagación de las identidades de los titulares de las líneas incriminadas. Pero, según las fuentes citadas, las autoridades españolas le respondieron que los números correspon- den a tarjetas prepago y por tanto anónimas, ya que hasta noviembre de 2009 no resultaba obligatoria su identificación y asociación a un DNI. El caso parece bloqueado en ese punto, aunque los datos que se conocen resultan esclarecedores.

Por otra parte, todos los periodistas franceses que han indagado en el caso de Jon Anza han coincidido en informar de la enorme presencia de agentes españoles en Ipar Euskal Herria, y de que sus operaciones no siempre son conocidas por las autoridades francesas.