El miembro de los GAL José Amedo, en libertad tras cumplir una parte mínima de una ínfima condena si tenemos en cuenta los crímenes que cometió, ha acudido a diferentes programas de televisión para defender que, en contra de la opinión general al respecto, el grupo paramilitar organizado bajo el Gobierno del PSOE cumplió con creces sus objetivos operativos. Según la versión popular, los GAL fueron más bien «una chapuza» que apenas sirvió para aplicar la Ley del Talión contra algunos refugiados vascos y enriquecer ilícitamente a sus promotores y mercenarios. Sin embargo, Amedo defiende de manera fundamentada que el principal objetivo de los GAL era cambiar la política de las autoridades francesas en relación a ETA y al independentismo vasco, y dice que lo lograron.

Lo cierto es que, desde ese punto de vista, Amedo tiene razón. Si durante décadas la República había sido lugar de asilo para militantes de diferentes luchas de liberación, incluidos los vascos, los GAL supusieron un punto de inflexión en aquella política. A la colusión entre policías españoles y galos siguieron las detenciones masivas y las expulsiones de refugiados, así como un endurecimiento de las condenas contra los activistas vascos en territorio francés. La ofensiva parapolicial adquirió pronto dimensión política y ambos estados estrecharon su «colaboración antiterrorista». Contra ETA, se entiende, puesto que ningún Gobierno francés pidió explicaciones por la manera en la que policías españoles cometieron atentados en su territorio. En este caso el orgulloso discurso sobre la integridad y la soberanía que caracteriza a la clase política francesa se desvaneció. Desde ahí se ha llegado a la estrecha relación de la que a menudo alardean las autoridades españolas.

En todo caso, no se debe olvidar que, si borrachos de impunidad los fundadores de los GAL cometieron errores que en última instancia destaparon una parte de aquella trama urdida en las cloacas del Estado, los tribunales españoles se encargaron de deshacer el entuerto al no encausar a los responsables políticos últimos, aplicando penas mínimas a los condenados, eximiéndoles de conformar una «banda armada», pisoteando la dignidad de las víctimas y, por último, aplicando indultos de facto. Asimismo, hablar de «chapuza» para referirse a 26 muertos es, cuando menos, un acto de frivolidad.

Las consecuencias políticas

Lo cierto es que, hasta ahora, las actividades parapoliciales españolas en territorio galo nunca han tenido consecuencias políticas para los mandatarios franceses. Sin embargo, es evidente que durante los últimos meses esa estrecha relación se ha visto deteriorada por diferentes hechos. La muerte a tiros de dos militares españoles en Capbreton supuso un duro golpe. A partir de ahí, el secuestro de un militante vasco, la intromisión de los medios de comunicación españoles en operaciones policiales y actuaciones autónomas de la Policía española han afectado, según diversas fuentes, a esa confianza. En este contexto, la desaparición de Jon Anza ha sido una auténtica «patata caliente» en manos de las autoridades francesas. Sin descartar la implicación de alguno de sus subordinados, colaboración sin la que algunas de las cosas que rodean al caso resultan imposibles.

El caso Anza ha despertado, además, el interés de los grandes medios de comunicación franceses. Periódicos como «Le Monde» y «Liberation» han informado sobre el caso apuntando a la hipótesis de que la desaparición hubiese sido obra de policías españoles a los que Anza se les hubiese «ido» mientras lo interrogaban. Es de suponer que las incongruencias de la versión oficial avivarán aún más el interés por un caso humana, política y periodísticamente muy revelador.

Francia no es un plató de «Les Experts»

«Les Experts» es el nombre en francés de la teleserie que en el Estado español se conoce como «CSI». El caso Jon Anza bien podría ser un capítulo de esa popular serie. Sólo que este caso es real.

La credibilidad y la independencia de la Justicia francesa están en entredicho por una versión inverosímil que deja más preguntas en el aire de las que pretende aclarar. En ese sentido, la fiscal Anne Kayanakis sentenció ayer que las circunstancias en las que se ha descubierto el cadáver de Jon Anza sólo eliminan una hipótesis: la defendida por Alfredo Pérez Rubalcaba. El resto, según señaló, están abiertas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, cabe pensar que el de Anza puede ser el primer caso en el que la colaboración entre el Estado español y el francés afecta negativamente al segundo. A su credibilidad, a sus estructuras, a su estado de derecho y a su condición de país avanzado. Se trata de un escándalo de tal tamaño, la versión oficial resulta tan inaceptable desde cualquier punto de vista y darle pábulo supone asumir tal cadena de negligencias -sin además aportar nada a aclarar las circunstancias de la muerte del militante de ETA- que los mandatarios franceses harían bien en revisar sus políticas. El ministro de Interior, Brice Hortefeux, debe asumir su responsabilidad e investigar para no cerrar este caso en falso.