Abogados de organizaciones pro derechos humanos han denunciado ante la CIDH que en Honduras no aplica la amnistía acordada por el Parlamento con el fin de «cerrar las heridas» del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. El Congreso aprobó el 26 de enero una amnistía general por delitos políticos y comunes para los involucrados en la «crisis» derivada del golpe de Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya. La amnistía se acordó antes de que asumiera el cargo el nuevo presidente del país, Porfirio Lobo.

No obstante, un grupo de ocho abogados representantes de distintas organizaciones hondureñas, las autoridades el decreto de amnistía que tiene que ser aplicado de oficio por la Fiscalía y los juzgados competentes.