Finalmente, una maniobra dilatoria del PNV en el Congreso español, aceptada por el PSOE, decidió ayer en contra de ACS la primera batalla por el control de Iberdrola. La que ya se conoce como «enmienda Florentino» contra el blindaje de las sociedades anónimas se debatirá después de Semana Santa, retraso que rebaja notablemente la tensión de cara a la Junta General de la eléctrica, que tendrá lugar mañana en Bilbo. Sin embargo, la guerra no ha terminado, ni mucho menos. La compañía que dirige el presidente del Real Madrid no cejará en su intento por hacerse con el control de la empresa vasca a través de esta reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, para lo que cuenta a priori con el apoyo del partido de Zapatero.

Hasta ahora, la limitación del derecho de voto de los accionistas al 10% (independientemente del porcentaje de acciones que posea) ha mantenido a Iberdrola principalmente en manos de sectores afines al nacionalismo vasco. Algo que podría dejar de ser así si fructifican las pretensiones de ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, exige su entrada en el Consejo de Administración en virtud del 12% del accionariado que posee. Esa entrada ha sido vetada hasta el momento por los accionistas y sigue siendo rechazada por el presidente de la eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán, que lanzó ayer un reto tan efectista como irrealizable: «quien quiera controlar la empresa debe lanzar una OPA por el 100% y en metálico».

En el fondo, y además de los intereses financieros de estos y otros actores (también Telefónica y Repsol podrían verse salpicadas), está en juego el mantenimiento de los centros de decisión de la empresa en suelo vasco o su inmediato traslado a Madrid, en caso de que finalmente se imponga la estrategia de ACS y Florentino Pérez. No sería la primera vez. Ya ocurrió con el BBVA, cuya deslocalización ha supuesto un fuerte impacto negativo para la economía vasca, además de la pérdida de cientos de puestos de trabajo.