El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska ha decretado prisión «comunicada, provisional y sin fianza» al letrado abertzale Joseba Agudo, acusado de «integración en ETA», después de tomarle declaración el pasado viernes, según informaron ayer fuentes judiciales. En el auto hecho público el viernes, el juez justificó la prisión incondicional y sin fianza alegando la supuesta «existencia de un peligro concreto de fuga» y «un pronóstico razonable de reiteración delictiva».

El abogado prestó declaración el jueves, el mismo día en que el Estado francés lo entregó a las autoridades españolas, de acuerdo con la euroorden emitida previamente por la Audiencia Nacional.

Dicha petición se realizó el mismo día en que el oreretarra fue detenido por la Policía francesa, el pasado 28 de octubre, en su domicilio de Hendaia. Desde entonces, ha permanecido preso en la cárcel de Muret-Seysses, en el departamento de Haute Garonne.

Tras casi cuatro meses encarcelado, el pasado 16 de febrero el Tribunal de Apelación de Burdeos se pronunció a favor de la aplicación de la euroorden y la consiguiente entrega de Agudo, aunque ésta no se ha ejecutado hasta el 1 de abril.

La abogada Maritxu Paulus- Basurko, encargada de defender al letrado de Errenteria, ha denunciado, en más de una ocasión, que la petición de la Audiencia Nacional tenía un «defecto de forma».

Tal y como recordó Paulus-Basurko, la euroorden sólo puede aceptarse por presuntos delitos cometidos en el territorio de donde emana la solicitud, condición que no se ha dado en el caso de Joseba Agudo, ya que la petición de entrega está basada en supuestas informaciones policiales recabadas tras las detenciones de varios militantes abertzales en la ciudad de Burdeos en 2008.

Desde su detención, el movimiento pro amnistía ha destacado que el trabajo político y jurídico de Joseba Agudo han sido «siempre totalmente públicos», remarcando la labor que ha realizado con los exiliados políticos.

Su detención también fue rechazada por grupos de abogados americanos, como ocurrió en Argentina y México. La asociación de abogados vascos Eskubideak también denunció entonces la operación.