Ante la previsible judicialización de su conflicto con ACS, Iberdrola reunió antes de la junta de accionistas del pasado 26 de marzo varios informes que no sólo dan por hecho la supuesta incompatibilidad de la constructora, sino que también eximen de responsabilidad al consejo de la eléctrica sobre su decisión de plantear una votación para apartar a su principal accionista del órgano rector.

Los informes, a los que ha tenido acceso Europa Press y que han sido elaborados por tres catedráticos de Derecho Mercantil adscritos a los despachos Uría Menéndez, Cortés Abogados y Ramón y Cajal, aportan argumentos a la eléctrica vasca ante la posibilidad de que ACS decida impugnar la decisión de la junta de destituir a su flamante consejero en Iberdrola José María Loizaga.

El catedrático de la Universidad Autónoma Cándido Paz-Ares Rodríguez argumenta en uno de ellos que el Artículo 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y la práctica judicial aplicada en casos como el de Acciona-FCC convierten en «justa causa» la revocación de un consejero perteneciente a una empresa competidora.

El experto advierte de que el riesgo de que el consejo de Iberdrola incurra en responsabilidad por presentar informes favorables al cese del vocal de ACS será «mayor o menor» en función del «grado de la incompatibilidad o situación de conflicto» entre ambas empresas». Sin embargo, entiende que por plantear una votación sobre el cese de Loizaga el consejo no corre «riesgo de responsabilidad».

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Alcalá Luis Javier Cortés sostiene que la incompatibilidad entre ACS e Iberdrola, negada por la primera y esgrimida por la segunda, es una cuestión «verificada», y sobre esa base no sólo entiende que la eléctrica no incurre en responsabilidad por frenar a la constructora, sino que tiene la obligación de hacerlo.

«Si se produjese esa designación, el consejo puede y debe, también sin contraer responsabilidad alguna, someter a la junta general de accionistas la destitución del consejero indebida- mente designado, actuando así por iniciativa propia o a solicitud de cualquier socio», señala. Más aún, Cortés entiende que Iberdrola no incurre en responsabilidad al solicitar a ACS que se abstenga de nombrar un consejero ni al pedir a la junta su destitución.

Otro de los argumentos jurídicos en favor de Iberdrola es el aportado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Alberto Alonso Ureba, adscrito al despacho Ramón y Cajal, quien suscribe que éste es un caso de «competencia directa y sustantiva», por lo que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, estará «obligado» a someter la cuestión ante la junta. El «deber de diligencia-lealtad», asegura, «legitima plenamente" al consejo a instar a ACS a desistir del nombramiento de un representante».

El supuesto de incompatibilidad sobre el que estos catedráticos basan sus informes ha sido constatado en dos trabajos, uno de PriceWaterHouseCoopers y otro de Nera Economic Consulting, en los que se detallan cada una de las áreas de solapamiento entre Iberdrola y ACS y en los que se demuestra este hecho.

Los informes, según Europa Press, citan ocho áreas de competencia entre ACS e Iberdrola, entre las que figuran proyectos de eólica `off shore' o de termosolar, así como actividades de ingeniería y negocios en países como México o Brasil.

Nera y PWC citan cuatro áreas de «competencia futura», entre las que figuran la implantación del coche eléctrico, la consultoría y soluciones para el ahorro energético, el desarrollo de parques eólicos marinos y servicios relacionados con la operativa de centrales de ciclo combinado.