Los dos acusados por la muerte de Silvia Suppo, víctima de la represión y testigo clave en juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), confesaron la autoría pero negaron que el crimen tuviera fines políticos, informaron ayer fuentes judiciales. El testimonio de Suppo fue esencial para que el ex juez Víctor Brusa fuera condenado a 21 años por obligar a personas detenidas por los militares a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura.