La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicaba el 29 de marzo pasado un informe, encargado por la Comisión Europea, con objeto de proteger a los consumidores y donde tras haberse analizado 7.000 muestras recogidas en 21 Estados miembros entre 1999 y 2008 se concluía que «la incineración de residuos genera dioxinas», y que el 8% de los alimentos y piensos en la Unión Europea exceden los niveles máximos permitidos de dioxinas y de policlorobifenilos (PCB).

Este mismo informe, entre otras conclusiones, asevera que la incineración plantea serios problemas ambientales y de salud, y que sus emisiones son muy volátiles y se pueden encontrar a varios kilómetros del foco de emisión.

EL 30 de marzo, por el contrario, desde el Centro de Gestión de Residuos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco nos muestran con cara triunfal la aprobación de la incineradora.

A la vista de su informe, se constata que al Sr. Ormazabal y colaboradores lo que les importa es que no se vea, que no cree impacto en el entorno, que se ejecuten sus planes desoyendo la moratoria solicitada, sin dar ninguna muestra de sensibilidad en un tema tan trascendente como es la salud. Y esto supera lo admisible

Tenemos conocimiento de que los filtros no son capaces de frenar las micropartículas, y sólo filtran un porcentaje de la emisión de dioxinas y furanos que se lanzan a la atmósfera. Y eso de nuevos, ya que, como todo elemento que trabaja, se van desactivando, y su elevado coste entendemos que va a alargar el tiempo de utilización antes de ser reemplazados, por lo que su efectividad va a ir progresivamente decreciendo.

Como las emisiones no se pueden analizar en continuo, los controles anuales, bianuales, etc. no verifican su naturaleza y dan vía libre a la gravísima contaminación. ¡Pero si con tantas incineradoras que están en marcha el problema es de sobra conocido! Sólo que otros intereses son más fuertes, y no los de costes, ya que la incineración es el proceso más caro de instalación y también de uso. 150 euros para 85 euros por tonelada de basura procesada obteniendo biogas (un 76% más caro), y la energía que produce es baja. No olvidemos que ese sobrecoste lo pagaremos nosotros.

Esta es la gran realidad. ¿Por qué han tardado tanto tiempo en manifestarla los organismos europeos? Pues por los mismos intereses, y para evitar la paralización de las instalaciones a pesar de que superaban en ocasiones hasta 30 veces los límites fijados, y todavía están pretendiendo reducir más los controles. Entretanto, los problemas de cánceres, dermatológicos, genéticos, etc. declarados repetidamente por los organismos de la Medicina son desoídos ¿Es esto de justicia?

Permítame aconsejarle, Sr. Ormazabal, que no cargue sobre sus espaldas tan pesada responsabilidad y determine una moratoria mientras se formalizan otras vías alternativas, sin mantenerse empecinado e insensible con la insalubre incineradora.