«Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia»
El rechazo social provoca divergencias en Lakua sobre el plan para las aulas
La prórroga de quince días que el Gobierno de Lakua se concedió para buscar mayores consensos sobre su plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» ha pasado sin que ni siquiera se hayan iniciado conversaciones con el PNV. Este martes el Consejo tampoco aprobará el plan. La fuerte oposición externa de partidos y sindicatos ha hecho que afloren también diferencias en el Ejecutivo. El informe del Consejo Escolar ha resultado demoledor.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» debía haber sido aprobado por el Gobierno de Lakua en el Consejo del 27 de abril. Pero una semana antes, a la vista del rechazo que mostraron los partidos de la oposición parlamentaria y del descontento evidente de la comunidad escolar, el Ejecutivo autonómico decidió una prórroga de quince días para recoger más propuestas y aportaciones, y que se complementaran las presentadas. El objetivo no disimulado era, y así lo evidenció Rodolfo Ares, tratar de acercar posturas con el PNV o, al menos, hacer ver que el Gobierno lo intentaba.
Sin embargo, esos quince días han pasado, las negociaciones con el PNV ni siquiera han comenzado, y este próximo martes, fecha en la que se cumplía el segundo plazo que se había dado Lakua, el Consejo de Gobierno tampoco aprobará ningún plan.
Es cierto que, desde un comienzo, fuentes del Ejecutivo relativizaron la cuestión de las fechas. El propio lehendakari dijo el pasado martes que «por encima de la fecha concreta está el consenso. En un asunto como éste el consenso es una pieza fundamental a la que tenemos que supeditar las fechas». Aunque, a renglón seguido, añadió un «estoy convencido de que lo podemos conseguir rápidamente». Y eso es, precisamente, lo que ya no está tan claro porque, entre otras cosas, comienzan a explicitarse diferencias dentro del propio Gobierno.
El PNV pide un texto refundido
Pese a que en estas semanas se ha hablado desde algunos medios de un acercamiento de posiciones entre el PNV y el Gobierno de López, lo cierto es que las negociaciones ni siquiera han comenzado porque falta el elemento clave que habían solicitado los jeltzales, según ha asegurado a este diario uno de los integrantes de su comisión negociadora. Las conversaciones telefónicas entre Iñigo Urkullu y Patxi López apenas fueron una muestra de voluntades.
El 27 de abril el EBB remitió un escrito que llegó al día siguiente a Lehendakaritza en el que fijaba su posición de cara a las negociaciones. La primera condición -en realidad una condición previa- era saber si el plan presentado por el Gobierno de López sustituía completamente al que había puesto en marcha el Ejecutivo tripartito en la anterior legislatura o, simplemente, lo complementaba. Si lo sustituía totalmente, no había nada de qué hablar. Si lo revisaba y complementaba, solicitaban se les remitiera un texto refundido con lo que se quitaba, se mantenía y se añadía al anterior, para poder analizar el plan al completo y poder comenzar las conversaciones. El PNV, según ha señalado a este diario, todavía no ha recibido el texto refundido y, por tanto, no es posible ni siquiera empezar las conversaciones.
El detalle de si el nuevo plan sustituye o complementa al anterior es fundamental, no sólo por lo que tiene que ver con las negociaciones con el PNV, sino porque es ya un elemento de controversia interna dentro del propio Gobierno del PSE.
Diferencias internas
Es preciso saber que este plan surge de un núcleo muy concreto de Lehendakaritza en plena sintonía con el consejero de Interior. De hecho, fue Rodolfo Ares quien entregó el borrador a los grupos parlamentarios, y a quien le preguntó, le indicó que las alegaciones las remitiera a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
Este núcleo impulsor del plan, en el que se encuentran los colaboradores más cercanos de Patxi López, tiene muy claro -o al menos lo tenía hace unos días- que a la pregunta ¿este plan sustituye o complementa al anterior del tripartito? la respuesta rotunda, tajante, indubitada es «lo sustituye». De hecho, el plan anterior ya no existe para ellos.
Otro de los aspectos que desde este núcleo quisieron dejar muy claro es que éste es un plan centrado en «las víctimas del terrorismo y, de entre éstas, en las de ETA». Si cuando el PNV habla de «plan integral» quiere referirse a que atienda «al universo de las violaciones de derechos», aseguran que «el Gobierno no quiere un plan integral» en esas condiciones.
Para este núcleo de Lehendakaritza, el plan es «una apuesta política» y, en ese sentido, están en plena sintonía con el discurso que mantiene el PP, quien ya ha mostrado también su oposición a que en futuras conversaciones con el PNV se puedan modificar aspectos que consideran esenciales y que pudieran desnaturalizar el plan.
Sin embargo, no todo el Gobierno piensa así. En el pleno «de control» del Parlamento del pasado viernes, la consejera de Educación, Isabel Celaá, afirmó textualmente que «el Plan de Educación 2008-2011 [el del tripartito anterior] persiste. Está sujeto a actualización como cualquier otra cosa de este Gobierno, pero persiste. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el sentido de la reformulación? Incorporar de manera inequívoca aquello que de manera borrosa, sólo de manera borrosa, aparecía en aquel Plan», en referencia a la mención explícita a «las víctimas del terrorismo».
Es decir, está claro que para Isabel Celaá el nuevo plan complementa al anterior y lo refuerza en una materia. Porque, según señaló, «es mucho lo que se había trabajado. Y en términos de convivencia y clima escolar nuestros centros educativos -no desde ahora sino desde hace más de veinte años- están bien. Y así lo dicen las pruebas que nosotros pasamos. En convivencia estamos bien, hemos hecho muchas cosas, hacemos cosas, tenemos un clima escolar propicio. Sin embargo, hay un tabú, no se puede hablar del terrorismo. No se puede hablar de víctimas del terrorismo de una manera clara. Por eso, para eso, es la reformulación».
Y, enfatizando su respuesta a una interpelación de Aintzane Ezenarro, en un momento dado manifestó: «¿Usted cree que somos capaces de hacer una cosa tan absolutamente singularizada como para olvidarnos la vulneración del resto de los derechos humanos?».
Pues según el núcleo duro de Lehendakaritza, la respuesta sería un matizado «sí, somos capaces», puesto que consideran que el resto de las vulneraciones ya se abordan en la asignatura de Educación para la Ciudadana, y no precisan estar en este plan de «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia». Y, de hecho, sostienen que ésta es una «apuesta política» que trasciende del Departamento de Educación y a la propia escuela, puesto que es un plan integral que se aborda también desde otros departamentos como Lehendakaritza, Interior, Justicia, Cultura...
Porque la reformulación no se plantea tras una evaluación pedagógica del anterior, sino por criterios políticos, y el fundamental es que «la configuración de un nuevo Gobierno que tiene no solamente la voluntad, sino la indeclinable responsabilidad de aportar sus propios criterios de actuación».
Sin embargo, de momento, ante la oposición política y sindical exterior, y a la espera de aclararse internamente, el plan está en pause aunque con la voluntad de «aprobarlo antes del verano».
Según la prórroga de quince días que se dio el Gobierno, el «Plan de Convivencia» debería aprobarse en el Consejo de este martes, lo que no ocurrirá.
La prórroga que el Gobierno se concedió para la aprobación de su plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» buscaba dar la imagen de que se pretendía conseguir un consenso al menos con el PNV, primer partido del Parlamento, ya que se había instalado en la opinión pública la imagen de que el Ejecutivo había actuado de manera unilateral y sin intentar los acuerdos.
Sin embargo, los puntos de partida del pacto PSE-PP y del PNV en esta materia son muy difícilmente conciliables. El núcleo central del plan gubernamental es fijarse exclusivamente en las víctimas de ETA como «hecho diferencial vasco», dando por sobreentendido que el resto de vulneraciones de derechos humanos ya se trabajan en otras asignaturas. Los jeltzales, por contra, piden un plan integral como el del anterior tripartito.
Además, para el pacto PSE-PP la centralidad de las víctimas de ETA tiene el componente añadido de la necesaria legitimación del actual «Estado Constitucional», otro elemento difícilmente asumible para cualquier partido abertzale.
Además, está en juego el papel del PP como socio preferente del Gobierno, que ve con incomodidad la relación bilateral Ejecutivo-PNV.
I.I.
El Gobierno de López podía contar con la oposición de los partidos abertzales, aunque diga que no entiende por qué rechazan sus pretensiones, y también con los de la mayoría sindical, que se ha opuesto públicamente a que el Ejecutivo lleve a las aulas el pacto PSE-PP. Pero que el Consejo Escolar, un órgano plural en el que el nuevo Ejecutivo ya ha introducido varios representantes afines a sus tesis, emitiera por unanimidad un informe que pide «un replanteamiento» del plan ha resultado demoledor.
El Consejo Escolar se reunió el 29 de abril. Para entonces ya se conocían las posiciones de algunos de sus integrantes. Ese mismo día, en un periódico de gran tirada se introducía la filtración de que «Celaá acepta alargar la presidencia de Mugertza». Una información que el propio afectado dijo no entender a qué venía, pues sabía que iba a ser cesado próximamente, y que en círculos parlamentarios ha sido interpretado como un último intento de «compra de voluntades» por parte del Ejecutivo para tratar de suavizar un informe que se adivinaba muy crítico. No lo lograron. El informe salió como un tiro por la culata para el Gobierno y la presidencia de Konrado Mugertza no se alargará «de manera indefinida» como señalaba la filtración de «fuentes de Educación».
Como habían dicho los partidos abertzales, el Consejo Escolar no sabía si este plan sustituía o complementaba al anterior y, por tanto, pedía «disponer de una versión íntegra del nuevo plan».
En su informe apuntaba que «el Consejo considera que, al ser en su conjunto un plan de naturaleza política, importante para este país y su comunidad educativa, resulta necesario un gran nivel de acuerdo entre los responsables políticos cuando se trata de aplicarlo al mundo educativo; ello facilitaría la consecución de los objetivos planteados». Y constataba que «hasta el momento dicha participación y el grado de adhesión son insuficientes e insta a mantener la búsqueda de la participación especialmente en la concreción de medidas del plan, lo que, sin lugar a dudas, incrementará el logro de sus objetivos».
En cuanto a los testimonios de las víctimas, aseguraba que son «un recurso pedagógico valioso», pero advertía que «siempre y cuando su idoneidad venga guiada por criterios pedagógicos y de pluralidad, siendo los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, quienes deben concretar las actividades, las metodologías, la temporalización y los recursos más adecuados».
Además, consideraban necesario aclarar que tanto en este terreno como en el de la convivencia ya se viene trabajando muy bien en la enseñanza. E incluso advertían de que el Departamento de Celaá acababa de aprobar un currículo de «Educación para la Ciudadanía» donde se abordaban estas cuestiones.
Por todo ello, el Consejo veía la necesidad clara de «un replanteamiento» en auntos fundamentales. I.I.
