El Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica Herzog, y el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó (el equivalente a nuestro Ararteko), se han tirado a la greña. El motivo manifiesto del enfrentamiento han sido las competencias de sus respectivas instituciones, la de la institución española y la de la institución catalana. Pero el motivo latente de la cuestión, el que no se dice pero se adivina claramente, es tratar o no de forma decidida y de acuerdo a los convenios internacionales firmados un problema endémico en el Estado español: la tortura a detenidos para que se autoinculpen. En la reciente historia han existido casos de torturas en el periodo de la transición, también en los años ochenta y en los noventa del siglo pasado, y hemos empezado el siglo XXI con el agravante de que, para negar la mayor, ahora se juzga y se culpabiliza a quien denuncia tal práctica.

Enrique Múgica -el que en 1988, violando los principios orientadores de la política penitenciaria, apostaba con el alejamiento y dispersión de los presos políticos vascos añadiendo un plus de terror penitenciario a la pena judicial con el vano intento de romper la personalidad del preso y descomponer a su familia- ha impugnado ante el Tribunal Constitucional español que deba ser el Síndic de Greujes la «autoridad catalana» para «la prevención de la tortura».

Este aparente enfrentamiento de competencias entre el Defensor del Pueblo y el Estatuto Catalán no hace sino esconder en estos momentos la vergüenza que están pasando las autoridades españolas -Múgica Herzog incluido- por las demandas e intervenciones de organismos oficiales e internacionales pidiendo que se aclaren en los foros de los derechos humanos los casos de maltrato y tortura, de acuerdo con las denuncias presentadas y aceptadas en algún juzgado.

Ahora Enrique Múgica quiere convertir las políticas de prevención de la tortura en una cuestión de soberanía del nacionalismo español. Por esta razón, la impugnación la ha realizado ante el Tribunal Constitucional español, porque estima que sólo su institución tiene potestad para actuar en esta materia en todo el territorio español.

Pero, ¿cómo actúa realmente Múgica Herzog? Por un lado, su institución ya recurrió el Estatut Catalán. Y ahora ha presentado un recurso ante el mencionado tribunal precisamente por las leyes que desarrollan las funciones de la institución catalana sobre prevención de la tortura, siempre de acuerdo con el protocolo de la Convención de Naciones Unidas suscrito en el 2006. O sea, el discurso manifiesto no es otro, ni más ni menos, que el de la soberanía española contra el Estatut catalán, para lo que cuenta con la inestimable ayuda del Tribunal Constitucional español y del nacionalismo español de izquierdas y derechas.

Pero al margen de la constitucionalidad o no, la realidad es que la tortura preocupa a las dos instituciones, pero de forma diversa. A la institución catalana del Síndic y a su representante Rafael Ribó, con un estilo decidido en la denuncia del maltrato y tratamiento degradante a jóvenes bajo tutela de la Generalitat de Catalunya. Para ellos la tortura cuando menos resulta lisa y llanamente denunciable. Por ello reclama que, para el trabajo diario en la prevención de la tortura, es mejor no impugnar ninguna autoridad. Respecto a la institución que dirige Múgica Herzog, más que la inconstitucionalidad de las leyes que implementan la prevención de la tortura por parte de la institución catalana, el interés estriba en no romper el silencio con el que continúa cerrando filas todo el «bloque democrático» en torno a la tortura.

Aunque Enrique Múgica y Rodolfo Ares han evidenciado, con su negación total a investigar y con la querella a quien denuncia la tortura, cómo se construye el muro de silencio alrededor de la tortura, estas contradicciones históricas se convierten en coincidencias con el franquismo pasado, emparejando hoy, una vez más, el nacionalismo español con la tortura.

Para muchos observadores impedir la prevención de la tortura con la coartada de la inconstitucionalidad de los «mecanismos para prevenir la tortura» es cuando menos un comportamiento cínico, síntoma de una institución enferma.

Hemos conocido las víctimas de tortura psicológica y víctimas de hazañas masculinas de valor, y ahora sabemos de las víctimas del silencio político del Defensor del Pueblo. Por supuesto, no es el momento de aceptar este olvido.