Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado movilizaciones contra el plan de ajuste del Gobierno para reducir el déficit público, aunque la confrontación no llega a sustituir al diálogo social que llevan impulsando desde hace años. La medida más contundente ha sido el llamamiento a una huelga en el sector público. El resto de protestas aún no se ha concretado aunque CCOO ha anunciado una «movilización general en la calle y en las empresas» ante la gravedad de unas medidas que frenan la recuperación económica y quiebran la legitimidad social.

CCOO cree que el Gobierno «lleva al país a una situación de desastre y que está traspasando todos los límites posibles, en una dinámica que conduce a la confrontación», llegando a mencionar la posibilidad de una huelga general, pero ha modulado este discurso matizando que esto no debe impedir que se avance hacia un rápido desenlace de las negociaciones con Gobierno y patronal en las que se está abordando la reforma laboral.

UGT también ha anunciado una «respuesta proporcionada y contundente» ante los recortes sociales que «entorpecen» el diálogo social y «rompen el consenso parlamentario alcanzado en el Pacto de Toledo».

«Por responsabilidad»

En cualquier caso, más allá de las palabras, los líderes sindicales de ambas centrales dieron un respiro al Ejecutivo al salir el pasado jueves de la reunión con el presidente español sin convocar una huelga general, como ha hecho en Euskal Herria la mayoría sindical. «Por responsabilidad», dijo el secreterio general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Y es que hasta ahora, ambas centrales se han movido cómodamente en los pactos con la patronal y el Gobierno. De hecho, no han pasado dos meses desde que firmaron el acuerdo de negociación colectiva con las patronales CEOE y Cepyme, garantizando la paz social y salarios moderados durante tres años. Las subidas salariales tenían un límite del 1% este año -en términos reales, teniendo en cuenta el IPC como mucho supondría congelarlos- y del 2% para 2011, llegando al 2,5% en 2012, aunque los empresarios podrían posponerlas según la situación económica. El acuerdo puede quedar en papel mojado una vez que el sector público ve cómo se recorta un 5% sus salarios al margen de los convenios firmados.

Además, el pacto era el preludio de una reforma laboral cuya negociación se encuentra en sus últimos días, justo cuando ha llegado el tijeretazo del Gobierno. La reforma gira en torno a un nuevo modelo de contrato de trabajo con el abaratamiento del despido y bonificaciones a las empresas para la contratación. También negocian la reforma de la negociación colectiva, en el que podría desaparecer el ámbito provincial.

Las reformas laborales pactadas han sido continuas desde los pactos de la Moncloa de 1977, siendo la moderación salarial y la introducción de nuevas modalidades de contratos más acordes a las necesidades de las empresas, una constante. Pese a la pérdida de derechos de los trabajadores, la última huelga general en el Estado español fue convocada en junio de 2002, contra el «decretazo» del Gobierno de José María Aznar que modificaba las condiciones del subsidio de desempleo. Desde entonces, han garantizado la paz social en un contexto de crecimiento económico y beneficios empresariales disparados. La primera gran protesta en contra de la política laboral de José Luis Rodríguez Zapatero fueron las manifestaciones del pasado marzo contra la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años.

En Euskal Herria ambas centrales han seguido el mismo modelo tanto en las empresas como en la administración, acentuado con el Gobierno de Patxi López, aunque también se mantuvo con los del PNV.

Actualmente, participan en la Mesa de Diálogo Social, donde ha pactado un incremento de 200 euros en ayudas a afectados por EREs que participen en actividades formativas o las ayudas para contratar 7.000 empleados temporales. Además, han copado la participación sindical en organismos como el CES y el CRL. En Nafarroa, su disposición a los acuerdos con la patronal y los gobiernos ha sido hasta reconocida con la Medalla de Oro de Navarra, por «su actitud permanente de favorecer grandes proyectos». El Gobierno de Miguel Sanz se la concedió junto a la patronal CEN, reconociendo así «el ejemplo de concertación social».

Ahora, el duro recorte social aprobado por el Gobierno español pone a prueba esta política de pacto de CCOO y UGT y su capacidad para la confrontación.