Esta semana los palestinos han recordado la Nakba (Catástrofe), el comienzo del genocidio contra los palestinos por parte de los sionistas, que tuvo lugar en 1948 y que provocó el éxodo de más de 760.000 palestinos. Unos 160.000 palestinos más resistieron en su lugar de origen tras la creación del Estado de Israel y sus descendientes constituyen ahora, con alrededor de 1,3 millones, un 20% de la población israelí. Privados de derechos, acosados por el Estado y marginados por la mayoría de sus conciudadanos, los palestinos de 1948 se han movilizado para denunciar aquellos hechos históricos pero, sobre todo, la situación a la que los somete el Estado. La respuesta no se ha hecho esperar y varios ministros israelíes han puesto en su punto de mira a esa comunidad, anunciando nuevas reformas legales que podrían llegar a excluir a esas personas de la nacionalidad israelí. Esta es, cada vez más claramente, una prioridad política del Gobierno de Tel Aviv.

En este contexto, ayer el Ejercito israelí negó la entrada desde Jordania a Palestina a Noam Chomsky, alegando que algunas de las cosas que ha escrito no son del gusto de los mandatarios israelíes. Ni refugiados, ni residentes, ni ciudadanos que no comulguen con su política. Es más, ni siquiera extranjeros que, aun siendo judíos, la critiquen. El Estado de Israel no entiende de democracia y es, cada vez más, una teocracia.

Sin perder de vista la política de exterminio contra los palestinos de los territorios ocupados y las ejecuciones selectivas de refugiados, hay que señalar que la segregación étnica en Israel está alcanzando rasgos cada vez más similares al Apartheid de Sudáfrica. La obsesión por institucionalizar esa segregación y por reprimir incluso la solidaridad con ese pueblo debería conllevar sanciones por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, esta misma semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunciaba que aceptará a Israel como miembro de pleno derecho. Ante lo cual la agenda israelí debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer las prioridades de la solidaridad internacional con el pueblo palestino.