Han transcurrido quince años desde que en 1995 se aprobara el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Donostia. Próximamente, y tras varios años de revisión, se aprobará el que sustituya al actual. En 2004 se contrató a un equipo redactor para la revisión del último PGOU, y en este periodo ha sufrido varias modificaciones puntuales. En mayo de 2008, el proyecto avanzó y recibió su aprobación inicial, aunque se presentaron más de 600 alegaciones. Un año más tarde, en junio de 2009, se aprobó provisionalmente, y será a finales del próximo junio cuando el Consistorio donostiarra lo lleve al Pleno para su aprobación definitiva, con una vigencia prevista de entre ocho y diez años.

Tal y como anunció el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, el Gobierno de la ciudad ha entregado el documento a los distintos grupos municipales. La Comisión de Urbanismo analizará el PGOU y hará las últimas correcciones antes del Pleno de junio. Finalmente se abrirá un plazo para que los grupos municipales presenten las enmiendas que consideren oportunas, aunque salvo gran sorpresa el desenlace está cantado.

En el Plan que se aprobará finalmente destaca la construcción de 488 viviendas más de las previstas, hasta completar un total de 16.680 repartidas entre San Bartolomé, Txomin Enea, Rodil o Auditz Akular. A esta última zona se destinarán 198, casi la mitad de las introducidas en este proceso.

La construcción del nuevo barrio y su contigua zona empresarial en la zona verde de Landarro, junto a Altza, ha levantado ampollas en las asociaciones vecinales. Altza XXI, que engloba a varias, se creó hace diez años, cuando mediante una modificación puntual del PGOU se propuso por primera vez la construcción de Auditz Akular. Hoy, con el Plan General casi cerrado, esta nueva zona residencial y económica estará formada por más de 3.000 viviendas. De éstas, el 75% estará bajo el régimen de protección oficial, y el resto será de venta libre y vivienda tasada. Cada una de ellas tendrá, por lo tanto, un ren- dimiento diferente.

Desde la asociación denuncian que hace 25 años se desaconsejó construir en la zona donde ahora se prevé levantar Auditz Akular, y concretan que para allanar el terreno quitarán al monte de Landarro unos 3.000 millones de metros cúbicos de tierra.

«Tienen prisa»

«El Ayuntamiento de Donostia ha llevado desde 2001,una política de compra de suelos denunciable. En aquel año compró suelo rural a 5.000 pesetas, cuando no valía ni 200. Por eso tienen prisa -denuncian-, porque el Consistorio tiene mucho dinero invertido en esas tierras, y tiene que rentabilizarlas».

Lo que piden los altzatarras es que se invierta en su barrio, que aseguran que está «masificado e infradotado». Por eso, cuando escuchan que justo al lado construirán un barrio que aumentará Altza en un 50%, y que contará con una inversión de 140 millones de euros, les escuece: «El propio alcalde ha llegado a declarar que en Altza no se ha invertido durante años».

Respecto a las casi 200 viviendas que se han añadido a posteriori, no dudan en afirmar que se trata de un «caramelo» para tentar a las constructoras, quienes recientemente han mostrado su reticencia a la hora de invertir en el proyecto. «A los promotores privados se les adjudican las viviendas libres, donde es mayor la ganancia. Por esos beneficios de más, el Ayuntamiento les quiere hacer pagar mayor urbanización, y claro, en ese punto no se ponen de acuerdo».

José Antonio Maisueche, responsable del proyecto, ha hablado con GARA sobre este incremento: «Esas viviendas de más se construirán porque buscamos una mayor rentabilidad económica, pero el régimen de venta de éstas se distribuirá proporcionalmente según dicta la Ley del Suelo -matiza-. Esto hace que para las promociones no sean tan rentables. Por otro lado, consideramos que, sin modificar el Plan Parcial, el incremento era viable», añade.

Odón Elorza declaró hace poco que, con o sin ayuda privada, en un año comenzará a edificarse la primera fase, formada por 1.000 viviendas. Altza XXI ha calificado esta postura como «una huida hacia adelante»: «En los últimos diez años la Alcaldía no ha hecho los deberes en el tema de la vivienda. Lo único que ha conseguido es que Donostia sea la capital europea con la vivienda más cara», recuerdan.

Maisueche afirma que la primera fase se financiará mediante un acuerdo entre el Gobierno municipal y Lakua. «O sea, que estamos hablando de dinero público -denuncia la asociación-. Apoyamos la vivienda protegida, pero de no de esta manera».