Reunión en Gasteiz
Cartas sobre la mesa en Lehendakaritza
Patxi López recibe hoy al mediodía a los representantes de las diputaciones forales y de Eudel para presentarles el plan de ajuste español desde la perspectiva del Gobierno autonómico, que sigue las pautas y medidas que se fijan en la capital del Estado. No se esperan grandes novedades ni variaciones sobre lo expuesto ya hace unos días en Madrid, pero quizá lo más importante está en la respuesta que den los representantes de las administraciones forales y locales. GARA ha analizado los temas que deberían protagonizar este encuentro, que se produce, además, en la víspera de la huelga convocada en el sector público en respuesta a los recortes sociales que, de manera mimética, aplicará el lehendakari en la CAV, una vez de que el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, los adelantara la pasada semana. Esta huelga, al igual que la registrada hace justo un año, muestra de forma nítida el descontento social creciente que se está produciendo ante la falta de perspectivas reales de salida de la crisis económica. La idea que ha trasladado el Gobierno de Lakua respecto a estas nuevas «medidas de ajuste» pasan por «arrimar todos el hombro» ante esta difícil situación. Ése será el principal mensaje de Patxi López ante los máximos representantes de las diputaciones y los ayuntamientos. Ajuria Enea se alinea con la máxima neoliberal de socializar las pérdidas. Lo que parece que no va a estar en la agenda de esta reunión de los altos cargos institucionales es la opción del aumento de la presión fiscal hacia la élite económica, porque desde Ajuria Enea se cree que antes de elevar los impuestos a los que más tienen, que son los que han salido menos perjudicados por la crisis económica y, en muchos casos, los que más se han beneficiado de la misma, se deben producir otros ajustes, que se podrán hoy al mediodía sobre la mesa.
El lehendakari, los diputados generales y el presidente de Eudel. La composición de la mesa que se reunirá hoy para hablar sobre la traslación de los tijeretazos decretados por el Gobierno español muestra la subordinación al Estado de la CAV –por mucho que se diga del Concierto– y la complejidad de su organización administrativa.
Un gobierno y un parlamento, tres diputaciones (tres haciendas) y tres juntas generales, y toda la administración española, además de los ayuntamientos, en un territorio de 7.234 km2 y con una población de 2.178.061 habitantes. Y ni siquiera hablamos de la totalidad del país. A nadie se le oculta que semejante inflación administrativa no es fácil que funcione de manera eficaz y, menos aún, cuando en nombre de la tradición histórica se pretenden perpetuar «taifas» provincianas.
La reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH) sigue siendo tabú. El PNV se ha atrevido incluso a aprobar un nuevo estatuto de autonomía, pero de hecho considera intocable la LTH. Todos los gobiernos que compuso Juan José Ibarretxe en coalición con EA incluían en su programa la reforma de esta ley, sin que jamás se llegara a dar un paso. Cuando se habla del tema, al PP le sale la vena foral. El Gobierno de López ha llegado a plantear la necesidad de evitar duplicidades administrativas, pero tampoco parece dispuesto a ir al fondo.
Y, sin embargo, si en época de bonanza económica se hacía necesaria una mayor racionalización de la administración y del entramado institucional, en las actuales circunstancias es inaplazable. Lamentablemente, los intereses partidistas volverán a jugar en contra del sentido común y de país.
Habría que buscar ya la forma de coordinar servicios (no tiene sentido alguno que Lakua, cada diputación y muchos ayuntamientos tengan, por ejemplo, sus propios servicios de turismo) y de agrupar esfuerzos. Hay que evitar duplicidades y el gigantismo administrativo que ello conlleva. Hoy cada institución es una maquinaria creciente que dedica buena parte de sus recursos a su propio mantenimiento y reproducción, en lugar de al servicio de la ciudadanía.
Es necesaria una unificación de ventanillas. En Alemania, por ejemplo, la administración de cada Länder lleva también las tramitaciones correspondientes al Estado federal. Hoy por hoy, en la CAV, hay competencias en las que tienen funciones tres y hasta cuatro niveles institucionales. ¿No sería posible que, incluso respetando las competencias de cada administración, se unificará quién y dónde se realiza todo el trabajo burocrático?
Y también sería conveniente abordar la cuestión de los trabajos externos de asesoría que, como si en las administraciones no hubiera expertos capacitados, están haciendo ricos a bufetes amigos de cada poder.
La composición de la propia mesa debiera ser hoy el primer punto del orden del día.
Nadie plantea en este momento que no haya que hacer ajustes por parte de unas administraciones que han demostrado ser incapaces de gestionar los presupuestos públicos de manera cabal. El verdadero debate es en qué terrenos hay que hacer esos ajustes. La propuesta de Madrid, que Lakua asume como propia, lo hace desde una perspectiva abiertamente antisocial. Del mismo modo, es evidente que hay que generar más recursos y que la fiscalidad es el instrumento clave para lograrlo. El problema es a quién se suben los impuestos. La tendencia durante los años en los que se ha ido gestando la crisis ha sido bajar los impuestos a los ricos y basar la recaudación en las aportaciones de las rentas de trabajo, es decir, de los trabajadores con nómina. La eliminación del impuesto de patrimonio durante este periodo es el ejemplo más clarificador de la política fiscal regresiva pactada por los partidos vascos. La presión fiscal en Euskal Herria está, de hecho, por debajo de la media europea.
El fraude fiscal es otro de los puntos negros. Hay datos que muestran cómo se ha dado este fenómeno y cómo no se ha perseguido. En 2008, por ejemplo, la recaudación por el IVA bajó un 11,8% mientras el consumo final de los hogares subía en un 1,1% (datos del Eustat recogidos en el informe del Instituto Robles Arangiz «Fiscalidad y pobreza en la CAV. 2008»). Es prácticamente imposible que suba el consumo y que un impuesto que lo grava decrezca.
El diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, afirmaba la semana pasada de manera solemne que «en todas aquellas figuras impositivas que lo que haya de fondo es la progresividad por supuesto que este diputado estará a favor de ellas y será uno de los que evidentemente reme a favor». Olvidaba mencionar que en diciembre de 2008, dos meses después de que Lehman Brothers quebrase y con la crisis en pleno apogeo, su partido, Hamaikabat, y el PNV sacaron adelante una reforma que entre otras cosas bajaba impuestos a los beneficios empresariales. Buscaban «armonizar» la fiscalidad con la de Bizkaia y Araba. Hace ahora seis meses, en octubre de 2009, PNV, PSE y Hamaikabat eliminaron el impuesto sobre el patrimonio en Gipuzkoa.
La mayoría sindical ha denunciado que en el terreno de la fiscalidad los partidos presentes en las diferentes instituciones vascas funcionan como un partido único. Y es significativo que sean esos sindicatos los que abanderen un cambio en favor de una fiscalidad realmente progresiva. Un sindicalismo que el Gobierno de López intenta vetar y que el resto de partidos presentes hoy en la reunión tampoco apoyan.
Todo está ahora en el aire. Infraestructuras que ayer eran imprescindibles y estratégicas, ya no lo son tanto, y algunas, ya se verá siquiera si llegarán a ser. En los últimos días el balance del “ajuste” ha sido demoledor: puerto exterior de Pasaia, Tabakalera, la nueva sede de Tecnalia... y todo el mundo se pregunta cuál será el siguiente. Por si acaso, PSE, PP y PNV han saltado con una sola voz: ¡que no nos toquen el TAV! Aunque, si atendemos al presidente de Eudel, la tijera también ha alcanzado ya a este megaproyecto. Lo dijo el miércoles en Madrid el ministro de Fomento: «Nada será como antes».
Atendiendo al puro sentido común, lo lógico es que López, Bilbao, Olano, Agirre y Bildarratz se pregunten hoy en Gasteiz si realmente todos esos proyectos «necesarios para vertebrar el país» responden realmente a ese pomposo calificativo o si, por contra, no son sino producto de la cultura del «cada vez más, cada vez más grande» instalada hace años en las instituciones vascas. Porque si, por ejemplo, el puerto exterior de Pasaia puede reducirse a la mitad a causa del contexto económico, después de toda la propaganda que se ha hecho al respecto -¿cuánto ha costado el puerto antes incluso de empezar a construirlo?-, es difícil de sostener que ese 50% superviviente sea en verdad necesario.
Sin embargo, los precedentes indican que, al menos en esta materia, los cinco mandatarios institucionales harán piña y saldrán en defensa de todos esos proyectos. Al menos, de aquellos que ya han pactado entre ellos, los que ya están en marcha. Y defenderán con especial vigor, además, aquellas infraestructuras que mayor oposición popular conciten, a pesar de ese rechazo o, quizá, precisamente por ello. Porque en este país la construcción de infraestructuras ha dejado de ser, si alguna vez lo fue, resultado de debates reales y análisis de coste-beneficio para pasar a ser, además de un gran, enorme, negocio para algunos, el fruto de la megalomanía y afán de protagonismo de unos cuantos políticos. Y a quienes se han opuesto, se les ha estigmatizado como «contrarios al progreso». Como poco.
Pero, si ya nada va a ser como antes, y a pesar de los intereses comunes que unen como el cemento a quienes hoy se reúnen en la sede de Lehendakaritza, no es mal momento para que las instituciones se sumen a un debate que ya está abierto hace tiempo fuera de ellas respecto a las necesidades reales en materia de infraestructura. Y decidan que la próxima vez que abran un plano sobre la mesa lo que prime sean los intereses de este país y de quienes lo habitan.
