La izquierda abertzale de Muskiz aclaró ayer que tras la decisión del Consistorio de atenerse a la legalidad respecto a dos almacenes «ilegales» de Petronor está la presión de los vecinos. Los independentistas advirtieron del cariz electoral de la decisión adoptada el pasado jueves por el equipo de gobierno EA-PSOE, que fue dada a conocer por el alcalde, Gonzalo Riancho, en «rueda de prensa, en contraposición al oscurantismo al que nos tiene acostumbrados habitualmente en sus acuerdos».

La izquierda independentista resaltó que el almacén «ilegal» de Petronor junto al polideportivo municipal ha venido siendo utilizado durante muchos años por la compañía gracias a la «connivencia» de sucesivos gobiernos municipales. «Sólo las continuas denuncias y recursos vecinales han hecho que el equipo de gobierno EA-PSOE haya dado marcha atrás en su trato de favor a Petronor», incidieron en una nota de prensa.

En este caso, que diferencian de otro almacén en Muskez, la izquierda abertzale apunta a que en 2009 la Coordinadora Anti-Coke interpuso una denuncia penal, lo que obligó a los responsables municipales a ir sancionando con multas de 600 euros mensuales a la filial de Repsol y a requerirle para que clausurase la instalación. Antes, aclararon, en uno de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Petronor, el juez dejó en suspenso la resolución «porque el Ayuntamiento no realiza alegación alguna contra la misma», apostillando que cuando la Coordinadora solicitó la suspensión de las obras de la URF, el Consistorio les pidió una fianza de un millón de euros.

Para los independentistas, el Ayuntamiento muskiztarra ha pretendido «pasar el tiempo» con las multas y ahora ha concedido a los responsables de Petronor el «enésimo plazo para regularizar una situación que saben que es imposible regularizar». Ante este panorama, aventuran que a las autoridades locales no les queda otra opción que clausurar el almacén junto al polideportivo «si alguno no quiere acabar en la cárcel».

Respecto al almacén de Muskez, informaron de que la decisión municipal se ha debido a que durante la tramitación del expediente «se ocultó información a los vecinos». Al saber de la petición para establecer un almacén de materiales de la planta de coque en unos terrenos calificados por las Normas Subsidiarias como no urbanizable agrícola ganadero, los vecinos comenzaron a indagar y preguntar, y según la izquierda abertzale, no fueron atendidas sus reclamaciones.

Ante el escándalo que se estaba originando y al no poder contestar a las preguntas, en su opinión, los responsables del Consistorio muskiztarra han optado por echar marcha atrás. «La presión popular ha sido la única razón por la que han tenido que revocar ese acuerdo vergonzoso que anteriormente habían tomado a espaldas de los vecinos», subrayaron.