ELA ha interpuesto sendos recursos en contra de las actuaciones de los gobiernos de Patxi López y Miguel Sanz que, por medio de dos leyes, recortaron los salarios y provocarán la destrucción de empleo público. La central sindical también estudia la presentación de nuevos recursos en ayuntamientos y diputaciones, en el sector de la Enseñanza concertada o en las empresas públicas afectadas por los decretos.

ELA exige que «se declare la nulidad de dichas actuaciones, el cese inmediato del comportamiento antisindical y se acuerde la reposición de la situación al momento anterior a producirse el mismo, así como la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización de daños y perjuicios que proceda».

El sindicato entiende que «se ha vulnerado el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva», que son «derechos fundamentales, por lo que el procedimiento iniciado tiene un carácter especial y de urgencia». ELA señaló que en los dos ámbitos «hay acuerdos de negociación colectiva que se van a incumplir por imperativo de los gobiernos». Afirma que ambos «se extralimitaron» ya que los recortes no afectan exclusivamente a las retribuciones básicas de los empleados públicos, sino que, «haciendo caso omiso del autogobierno, se van a aplicar en retribuciones complementarias y a los trabajadores de las empresas públicas».