El juicio que dará comienzo este jueves en la Audiencia Nacional española contra veintidós ciudadanas y ciudadanos vascos viene a ser el penúltimo culmen de la obcecada estrategia diseñada por el Estado para intentar poner freno al independentismo en Euskal Herria. Una estrategia abocada al fracaso porque su objetivo es tan inalcanzable como poner puertas al campo. Udalbiltza, la primera institución nacional con la que ha contado este país, nació en un momento concreto -el 18 de setiembre de 1999-, pero aquella coyuntura sociopolítica no es irrepetible, y esto lo saben bien quienes manejan los resortes del poder en Madrid. Por ello, cuando vieron que cerca de dos mil cargos electos habían refrendado la constitución de la asamblea municipalista, decidieron poner todas sus baterías mirando hacia ese objetivo.

La andanada policial y judicial llegó en abril de 2003, en vísperas de las elecciones municipales en Hego Euskal Herria y cuando la división entre las fuerzas abertzales y progresistas que habían impulsado la creación de Udalbiltza parecía un precipicio insalvable. Este último elemento es el que han venido utilizando desde entonces las fuerzas policiales, la Fiscalía y el juez instructor para criminalizar al independentismo vasco, en esta ocasión, creando el espejismo de que existen «dos Udalbiltza», una «buena» y otra «mala». Esa táctica debería hacer reflexionar a algunos dirigentes políticos vascos sobre el alcance que determinadas decisiones tienen a largo plazo.

Pero en vísperas del inicio de la vista oral por el «caso Udalbiltza» corresponde destacar que las aspiraciones nacionales de la sociedad vasca no han mermado en la última década, sino todo lo contrario. Por ello, los encausados por el citado tribunal extranjero cuentan hoy también con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía vasca, que considera que Euskal Herria puede, y debe, contar con sus propias instituciones nacionales sin pedir permiso a Madrid ni a París.