Dice la sentencia absolutoria del caso «Egunkaria» que «(...) las acusaciones han invertido el proceso inductivo. Primero se ha decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es indiscutible, luego se buscan las señales, vestigios o indicios y, por último se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye la conclusión».

Incluso para el hipotético caso en que se concluyera que habría habido algún tipo de «utilización», dice que «(...) en el ámbito del Derecho Penal no basta con que una organización criminal utilice a personas físicas o jurídicas en su proyecto criminal, sino que es preciso que se demuestre que los utilizados ... eran conscientes y actuaron voluntariamente en auxilio de la banda terrorista para favorecer la consecución por ésta de sus fines».

También dice que «(...) los que se oponían al trazado de la autovía de Leizarán no son por ello de ETA, como no lo son los que hablan y escriben en euskera, los que conservan y fomentan la cultura autóctona vasca o los que son contrarios a las drogas o a las torturas».

No es una sentencia más. Está por ver si el caso «Egunkaria» representa un punto de inflexión en la doctrina «todo es ETA» que afecta a los casos con este tipo de base acusatoria.

Se adjudica a Garzón la paternidad de dicha doctrina. Tal vez sea así en la escena estrictamente jurídica, pero desde mi propia experiencia en el caso en el que resulté absuelto, más bien cabría otorgar el dudoso mérito de dicha orientación a las tesis previas y propias de la Guardia Civil y de la Policía. Porque, como desveló en julio del 2008 en sede Parlamentaria el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, las fuerzas policiales tienen tesis propias al respecto.

Represente punto de inflexión o se haya tratado de una excepción que confirme la regla, la sentencia de este tribunal en el caso del periódico en euskara ha sido la primera vez en que dicha tesis ha sido judicialmente desmentida, tal y como queda reflejado en los párrafos reproducidos textualmente, que no son los únicos del escrito en el mismo sentido.

Pues bien, el tribunal que juzgó el caso «Egunkaria» y emitió dicha sentencia es el mismo que se ocupa estos días del caso Udalbiltza.

No soy jurista ni nada que se le parezca, y mi acercamiento al asunto se realiza desde los límites del sentido común. Desde esa modestia, entiendo que el tribunal que redactó aquella sentencia lo tiene difícil para no emitir ahora otra similar. Lo digo después de haber revisado el escrito acusatorio del fiscal en el presente asunto. Porque en éste, en contra de lo que ocurría con el periódico euskaldun, el fiscal efectivamente acusa aunque, en mi opinión, no con mayor solvencia y rigor que la acusación popular en aquella.

Mi abogado, Iñigo Iruin, hablaba de impulso político y razón jurídica en el caso «Egunkaria». El impulso político que explicaba la existencia misma del caso y la necesidad de disolverlo para que prevalezca la razón jurídica y se resolviera el pulso en el sentido en que finalmente se hizo.

Formo parte del grupo de 33 personas que el pasado 12 de julio hizo pública una declaración favorable a la absolución de los imputados en el caso Udalbiltza. Se trata de una iniciativa avalada a título exclusivamente personal. Prevalece la presencia de gente ligada actualmente o en el pasado a la actividad municipal desde formaciones políticas de muy distinto signo como pueden ser el partido socialista y la izquierda abertzale, con una amplia gama intermedia. Faltan los del PP, eso sí. Están el ex alcalde de Zumarraga Antton Arbulu y la ex concelaja de Iruñea Ainhoa Aznarez, ambos del PSOE, así como también Miren Legorburu, líder de la izquierda abertzale y concejala en el Ayuntamiento de Hondarribia. En medio hay gente de Aralar, PNV, EA, Ezker Batua-IU, ELA, LAB... y de sectores culturales y sociales diversos. Creo que es una imagen representativa de lo que puede ser una percepción social amplia.

Entre nosotros cada cual tiene su visión, discordante en muchos aspectos, respecto del proyecto Udalbiltza, tanto del inicial como del ahora juzgado. Tenemos sin embargo una conclusión compartida sin distinciones: hay impulso político detrás del caso Udalbiltza o, dicho de otra manera, sin impulso político no existiría el caso Udalbiltza, como todos los demás de naturaleza similar.

Recordamos en nuestra declaración pública que el sumario contra los ahora encausados se abrió en un contexto político determinado, con el PP en el Gobierno español y Aznar al frente del mismo. Corría el año 2003. A poco que echemos la vista atrás recordaremos lo que entonces ocurría: dos meses antes, en febrero, habían cerrado «Egunkaria»; para entonces ya habían cerrado «Egin» y Egin Irratia e ilegalizado partidos y organizaciones; se hablaba de procesar a Ibarretxe por su Plan, de suspender el Estatuto de autonomía de la CAPV, de poner a la Ertzaintza a las órdenes del Ejército y la Policía españoles... En fin, a poco que rebobinemos el presente recobraremos la memoria.

A los ojos actuales, el caso Udalbiltza no de deja de ser un flagrante anacronismo.

Hablábamos también de rebobinar aún más y situarnos en el escenario político en que nació Udalbiltza. Corría el año 1999. ETA estaba en tregua. Parecía definitiva. El acuerdo Lizarra-Garazi había revolucionado el escenario político. Se pusieron en marcha iniciativas que sólo podían funcionar en un contexto de intervención política desarrollada por vías exclusivamente democráticas, para dar lugar a ese contexto y para apuntalarlo. No cuajó entonces, pero la semilla estaba sembrada.

Parece que podría rebrotar ahora y no sólo como fruto del momento, sino desde la estela del pasado. Y es aquí donde de nuevo se pone de manifiesto la paradoja: muñidores de la esperanza renovada de hoy -Udalbiltza lo fue mientras funcionó, junto con otros muchos agentes- se hallan en el banquillo de lo acusados.

Decíamos en la mencionada declaración que es necesario «acabar con este contrasentido» de la única manera posible en este momento: la absolución de los procesados.

Renuevo el voto desde estas líneas.