La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado una Jornada de acción a nivel europeo para el próximo día 29 de septiembre. ELA manifestó su apoyo a esa jornada el pasado 2 de junio en la reunión del Comité Ejecutivo de la CES, del que forma parte. El acto central tendrá lugar en Bruselas con una euro-manifestación (www.etuc.org/a/7406). Por lo tanto, y en contra de lo que algunos medios de comunicación vienen publicando, ese día no hay convocada una huelga general en toda Europa.

Durante los últimos meses, en los países europeos en los que se han recortado derechos de los trabajadores, las confederaciones sindicales de la CES -en algunos casos junto a otras centrales no afiliadas a la misma- no han esperado a septiembre para movilizarse. Junto a Irlanda o Rumania, Grecia se acerca a su sexta huelga general, los franceses la celebraron el pasado 24, la CGIL italiana el 25 de junio. ELA, junto con la mayoría sindical vasca, la promovió el pasado 29 de junio, por segunda vez en trece meses.

UGT y CCOO, por su parte, han decidido aprovechar el 29 de septiembre para convocar un paro general en el Estado español. Lo harán, por tanto, tres meses después de la aprobación de la reforma laboral que se pretende rechazar. Asimismo, se convoca tras meses y meses de negociación con la patronal y el Gobierno español. Esa negociación ha sido especialmente opaca en sus contenidos y desarrollo, y el Gobierno ha administrado los tiempos, retrasándola hasta el veranos y dificultando, de esa manera, la contestación social.

Con la excusa de que nos encontrarnos ante un problema europeo, los sindicatos españoles no van a cargar tintas contra el Gobierno que ha decidido en primera persona los contenidos regresivos de la reforma, hecha al dictado de la banca y la patronal. Antes al contrario, como han manifestado públicamente, su convocatoria se orienta a la recuperación del diálogo social, la política de concertación que ha presidido las relaciones laborales en el Estado desde hace lustros.

No importa que la mitad del empleo que se ha destruido en Europa durante la crisis se haya destruido en el Estado español; ni que acumule la más alta tasa de paro de la OCDE; no importa que el esté a la cola en gasto social y en presión fiscal en la UE-27; ni que las rentas del trabajo pierdan peso en el reparto de la riqueza... El diálogo social, puesto en cuestión de manera creciente por su ineficacia, sigue siendo el tótem de la cuestión social española. Un modelo orientado a perpetuar la paz y el control de las clases populares a cambio de una generosa financiación pública para quienes comparten ese modelo de concertación.

En este contexto, el modelo antagónico que representa el sindicalismo abertzale -resuelto a abordar las causas de la crisis sin eximir a los gobiernos de sus responsabilidades- explica por sí sólo la beligerancia con la que patronales, gobiernos de López y Sanz y UGT y CCOO han pergeñado el llamado diálogo social. Este diálogo social es un esperpento que pretende uniformizar las relaciones laborales con las del Estado usurpando, en el caso de la CAPV, la representatividad que los trabajadores y trabajadoras vascas no han otorgado a los sindicatos españoles en las urnas. Estos sindicatos, además, han expuesto de manera concluyente que «pase lo que pase y sean lo duras que sean las medidas que se adopten, el diálogo social no corre peligro». En Nafarroa esos sindicatos acaban de firmar con el Gobierno y los representantes empresariales lo que se conoce como el Plan Moderna, en el que dicen fijar «las bases del desarrollo social y económico hasta el 2030».

Hace trece meses, con la huelga general del 21 de mayo de 2009 -ante la que UGT y CCOO se mostraron especialmente beligerantes- la mayoría sindical vasca conformada por ELA, LAB, EHNE, STEE-EILAS, ESK e Hiru quiso trasladar a la sociedad un mensaje muy sencillo: que si no cambiaban las políticas vendrían los recortes y las reformas. Inmediatamente después socializamos, mediante un decálogo, una propuesta para abordar de manera diferente la crisis, algo que todos los partidos políticos en el poder han despreciado. A pesar de ello, no hemos dejado de movilizarnos. Y han venido las reformas y los recortes. El pasado 25 de mayo esa mayoría sindical respondía con un paro en la función pública a los recortes decretados en mayo. Y el 29 de junio realizamos una gran huelga general contra el mayor ataque que los derechos del mundo del trabajo han conocido desde la transición política en el Estado. No está de más recordar que CCOO no pudo desmarcarse de esa última convocatoria.

El día 29 de septiembre ELA, dando continuidad a las movilizaciones anteriormente mencionadas, participará en la euro-manifestación para sumar su lucha a las de otras organizaciones sindicales y, conforme rezan sus principios (1976), se esforzará «por superar los obstáculos que se interponen en el logro de la unidad de la clase trabajadora (...) entendiendo que esta unidad debe lograrse en la libre práctica sindical». Porque lamentablemente esa es, a nuestro entender, la asignatura pendiente del sindicalismo español en Euskal Herria: asumir que la mayoría vasca, en su libre práctica sindical, ha encontrado su punto de encuentro en la decisión de no dar ninguna cobertura al poder político para llevar adelante los ajustes que la patronal y la banca le ordenan. Este es el punto de encuentro posible, el humus sindical compartido hoy ya por la mayoría sindical. Y es una mala noticia que UGT y CCOO no hagan suya esa determinación expresada inequívocamente por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras vascos el pasado 29 de junio mediante la huelga general.

Seguiremos trabajando porque la unidad sea posible en el futuro: sin maniobras de confusión, con definición clara y expresa de objetivos, con respeto a las reglas del juego entre organizaciones democráticas... Y, como demanda la clase trabajadora, con libertad frente a los poderosos. Una libertad que sólo puede tener como base la autonomía política e independencia financiera.