El TVCP hizo público ayer el informe de fiscalización realizado a petición del Pleno del Parlamento de Gasteiz sobre la fiscalización de la gestión jurídica y económico-financiera, relativa a las supuestas irregularidades ocurridas en al concertación de servicios sanitarios con determinadas empresas dadas a conocer por el actual Departamento de Sanidad y Consumo. El informe fue aprobado por la mayoría de los miembros del pleno, aunque con un voto particular de discrepancia.

El documento señala que el importe de los gastos por contratación desde 1996 a 2009, efectuados por el Departamento de Sanidad y Consumo y Osakidetza con seis empresas relacionadas con tres facultativos de Osakidetza que participaban en el accionariado de estas empresas, alcanzó un total de 33,6 millones de euros.

Nulas por incompatibilidad

El Tribunal analizó también la compatibilidad de los tres facultativos -José Carlos Margüello y los médicos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga-, relacionados con las empresas implicadas y concluye que «no tenían acreditada la compatibilidad para el desempeño de actividades de colaboración o concierto con la sanidad pública».

Por tanto, las concertaciones sanitarias con las distintas empresas «devienen nulas por incurrir en prohibición para contratar por su incompatibilidad».

El TVCP considera que ha habido un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en la tramitación de diversos contratos «al haber sido adjudicados de forma directa, mediante la utilización injustificada de los procedimientos emergencia, negociado sin publicidad o contrato menor». Asimismo, señala que las memorias económicas revisadas, incluidas en los expedientes de aprobación de las órdenes del ex consejero de Sanidad y Consumo, Gabriel Inclán, de los ejercicios 2005 a 2009, por las que se establecen las tarifas máximas aplicables a los conciertos de asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, «no contienen la información justificativa que soporte los cambios propuestos».

Autorización sanitaria nula

El organismo fiscalizador afirma también que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, la resolución de autorización sanitaria de 9 de junio de 2006 a la empresa Servicios Sanitarios XXI, vinculada con el ex director de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, es «nula de pleno derecho».

De esta forma, considera que se dictó «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, en tanto en el procedimiento que precedió a su dictado faltaron los engarces formales mínimos, afectando de forma sustantiva al fundamento y objeto de autorización concedida e incurriendo ésta en la causa de nulidad».

Finalmente, señala que se fijaron precios, en determinados contratos, por encima de los establecidos como máximos por la orden del consejero de Sanidad para los conciertos de asistencia sanitaria.

Este documento realizado a petición parlamentaria, ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones e informes realizados por el Departamento de Sanidad y Consumo, la Oficina de Control Económico y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Este informe se remitirá a la Comisión que investiga este caso en el Parlamento, que aclarará si existen responsabilidades políticas por estas actuaciones.