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Raimundo Fitero

A gritos

Cuentan los allí presentes que el octogenario señor Alberto Oliart se encrespó demasiado, alzó la voz, negando al Consejo de Administración de RTVE un informe sobre los sueldos que cobran los altos cargos. La excusa era que se podían filtrar, que no existían las garantías suficientes para la confidencialidad. Una acusación grave ante unas personas que por su propio cargo en el consejo tienen responsabilidades civiles y penales con lo que se haga en la gestión que lidera o publicita el ya famoso señor Oliart. Y el miedo a las filtraciones abre todas las sospechas.

Ese señorito de cara de niño bueno, felpudo con los poderosos, durísimo y reaccionario hasta la náusea con los débiles, especialmente si son sindicatos del Metro de Madrid, que responde al nombre de Juan José Lucas, le gusta tanto la libertad de expresión que ha amenazado con demandas penales a todos los medios que informen de los datos pasados por el sindicato de CC.OO en RTVE sobre las facturas millonarias que han cobrado sus empresas tanto a TVE como a RNE. Las cifras, claro está, son millonarias, porque él es uno de los que colonizan el ente, con sus empresas y sus más que sospechosos contratos, que chocan de manera frontal con los sacrificios que se solicita a los empleados y profesionales de plantilla. Una política denunciada de manera constante, pero que persiste, que coloca, una vez más, la mirada a esa máquina de consumir millones de euros como es la televisión pública estatal. Obviamente se puede mirar a cualquier ente de sus características y veremos como EITB, hace tiempo que imita a la original de manera todavía más gravosa para los intereses de la ciudadanía.

Se lo quieren llevar crudo, pero que no se sepa. Oliart se convierte en cómplice y encubridor. Los altos cargos están fuera de convenio, incluso son nombramientos de índole no estrictamente profesional. Forman una especie de poder autónomo controlado desde los tentáculos políticos. Es imprescindible que se sepa de una vez por todas cuánto cobra cada cuál en los entes públicos. Los problemas de caja se aliviarían mucho si no se utilizaran para pagar favores políticos o económicos. Y lo pedimos a gritos.

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