El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Donostia, Xabier Ezeizabarrena, exigió ayer al Consistorio de la capital guipuzcoana que acometa un «análisis jurídico y económico riguroso» sobre la situación del complejo de ocio de Illunbe.

En un comunicado remitido tras la reunión de la Comisión de Ilunbe llevada a cabo la pasada semana, Ezeizabarrena consideró que este análisis es «imprescindible» a día de hoy ya que el alcalde, Odón Elorza, «no ha cerrado las cuestiones con el convenio firmado con el concesionario saliente a quien se indemniza, en principio, con 21 millones de euros y que reclama hasta 11 millones de euros adicionales, a pesar del convenio firmado con Alcaldía».

El año pasado se conoció que el Ayuntamiento de Donostia deberá abonar 21 millones de euros a la empresa Nuevo Desarrollo de Anoeta (NDA), que pertenece a la familia Chopera y ha gestionado el centro desde su inicio, al no presentarse al concurso público y asumir el Consistorio la gestión.

El portavoz jeltzale subrayó que «el agujero económico para el Ayuntamiento no puede incurrir en más riesgos». Además, destacó que el Consistorio acumula ya «siete reclamaciones económicas adicionales por 13 millones de euros» y señaló que es «preciso reducir y planificar adecuadamente estos riesgos económicos y jurídicos con la mayor celeridad».

Ezeizabarrena informó de que, «además de los cuatro contenciosos pendientes con el concesionario saliente por reclamaciones frente al Ayuntamiento por 11 millones de euros, existen otras tres demandas adicionales por distintas cuantías con uno de los arrendatarios que desarrolla su actividad en el recinto».

«Estas demandas se pusieron de manifiesto en la Comisión celebrada en el Ayuntamiento la semana pasada, lo que dispara las reclamaciones frente al Consistorio en este asunto hasta un total de 13 millones de euros, unidos a los 21 que ya ha costado recuperar la concesión», afirmó. Ante esta situación, dijo que es «imprescindible que el Gobierno municipal mida y planifique en el tiempo estas cuestiones con el equipo jurídico correspondiente a fin de minimizar el agujero de gestión económica que agudiza la crisis que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Donostia».

Irregularidades y denuncias

La izquierda abertzale, junto con EB, se opuso desde el primer momento a la construcción de esta macroinstalación y ante el cúmulo de anomalías detectadas acudió a los tribunales en 1997, entonces bajo la sigla de Herri Batasuna.

Las irregularidades cometidas han sido numerosas desde que se inició la adquisición de las tierras de Illunbe, que estaban catalogadas como no urbanizables, hasta que el Consistorio se quedó sin la posibilidad de privatizar la gestión del complejo al no presentarse ninguna empresa. Los tribunales han dado la razón a la izquierda abertzale en todos los pleitos interpuestos contra el Ayuntamiento.