La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apeló ayer la decisión de la juez federal Susan Bolton de suspender las partes más polémicas de la ley estatal SB1070 contra la inmigración irregular, en el marco de una batalla que podría llegar hasta el Tribunal Supremo estadounidense.

El miércoles, la juez federal Bolton bloqueó partes esenciales de la ley SB1070 contra los inmigrantes «sin papeles» en Arizona y reactivó una lucha constitucional entre la soberanía de los estados y los poderes del Gobierno federal.

Paul Senseman, un portavoz de Brewer, dijo que el Gobierno de Arizona pidió ayer al Noveno Tribunal de Apelaciones que revoque el dictamen de Bolton y agilice su revisión del caso.

Brewer, que busca la reelección este año, dijo el miércoles que llevará el caso hasta el Tribunal Supremo de EEUU de ser necesario.

«Esta lucha está lejos de terminar. De hecho, apenas comienza, y al cabo de lo que con seguridad será una batalla legal, Arizona prevalecerá en su derecho a proteger a nuestros ciudadanos», dijo Brewer en un comunicado.

No es la primera vez que ambas partes «pelean»: muchos estados ya han demandado al Gobierno federal por la puesta en marcha de la reforma de salud, parte de la cual afecta a los poderes estatales.

La SB1070 afronta siete demandas, incluyendo la que entabló el Departamento de Justicia [federal] con el argumento de que Arizona se atribuye tareas de inmigración que recaen sobre el Ejecutivo federal.

La Constitución establece en la décima enmienda cuáles son los poderes que pertenecen exclusivamente a cada uno de los 50 estados, que gozan de cierta soberanía en algunos asuntos, al tiempo que establece la «supremacía» de la ley federal sobre las estatales.

Bolton, y varios expertos legales, creen que la Administración Obama ganará el argumento de que las tareas policiales de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal.

El principal autor de la ley, el legislador estatal republicano Russell Pearce, confía en que Arizona ganará el caso.

Randy Pullen, presidente del Partido Republicano de Arizona, considera «irónico» que el Gobierno de Obama acuse al sestado de usurpar la autoridad federal «cuando aparentemente ha atropellado la décima enmienda desde el principio».

Mientras, los grupos proinmigrantes se manifestaron ayer frente al Capitolio estatal, en Phoenix, para exigir una reforma migratoria.