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Santamaría impone un régimen del miedo en la policía municipal de iruñea a través de «la fundición»

Tres agentes de la Policía Municipal de Iruñea son los encargados de abrir expedientes y recoger los informes de todos sus compañeros. Fuentes del Ayuntamiento denuncian que este grupo, conocido como «la Fundición», usa un doble rasero al castigar a los policías. Explican que mientras que para unos tomarse un café puede costar ocho días de empleo y sueldo, un policía afín a Simón Santamaría sacó su arma en una discoteca y no fue sancionado por ello.

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Aritz INTXUSTA

Recientemente el concejal de Aralar en Iruñea Aritz Romeo denunciaba que el equipo de Yolanda Barcina aún no ha contestado a varias preguntas que el grupo registró el pasado 20 de julio sobre acontecimientos sucedidos durante los sanfermines. NaBai denunciaba así «las actitudes predemocráticas de Barcina». Lo cierto es que desde que la alcaldesa accediera al poder y pusiera al cargo de la Policía Municipal a Simón Santamaría, un militar nacido en Larache (Marruecos), el funcionamiento del cuerpo se ha vuelto completamente opaco, mientras arrecian las acusaciones sobre su militarización y su imagen se daña escándalo tras escándalo.

Llegar hasta las entrañas del cuerpo de forma oficial resulta imposible para los grupos de la oposición. Sin embargo, GARA ha podido acceder a fuentes internas del Ayuntamiento de Iruñea a raíz de lo ocurrido en las piscinas de Aranzadi, cuando un agente del grupo de «favoritos» de Simón Santamaría (un cabo identificado por el número 46) filmó con una cámara espía a otras personas cuando se cambiaban en los vestuarios y, después de ser detenido, entró en el almacén de pruebas y se deshizo de la tarjeta de memoria que, presumiblemente, le inculparía en la causa abierta contra él.

«Cuando fue arrestado el cabo por sus propios compañeros en Aranzadi, lo primero que pidió fue que avisaran a un comisario. Pronto se extendió entre el cuerpo que este comisario, que ejerce de lugarteniente de Santamaría, le debía algún favor. De hecho, este cabo en concreto es un testigo clave en un proceso judicial sobre unos ascensos dentro del cuerpo que han sido re- curridos», explica el informante. Varias fuentes contrastadas por este periódico apuntan a este comisario como el artífice sobre el terreno de la política de «mano dura» que se dicta en Iruñea desde el sillón de la alcaldesa.

«Simón Santamaría, en realidad, es un gestor. Lo que le preocupa es dirigir la Policía Municipal no como un servicio público, sino como una empresa», continúa esta fuente. «Lo que sabe hacer muy bien el jefe de la Policía Municipal es interponerse cuando un escándalo va a salpicar a la alcaldesa», añade. La actitud proteccionista del de Larache con Barcina le ha valido grandes piropos de la alcaldesa, como éste que se le atribuye: «Santamaría es el único hombre que hay dentro de la Policía Municipal».

El jefe del cuerpo abandonó el Ejército para dedicarse a la seguridad privada. Fue responsable de Seguribérica y, con la llegada de Barcina al poder en Iruñea, ésta le puso al mando de 400 funcionarios públicos. Al parecer, los números se le dan muy bien. «Utiliza a los auxiliares, a gente con contratos temporales y a los recién llegados para las multas de tráfico y los radares. Sabe que esos agentes están en pruebas y que no van a pasar ni una. Los veteranos, por contra, suelen tener más manga ancha», explica el informante. La habilidad de Santamaría con los números también se refleja en su sueldo, que asciende a 65.161 euros. Si se hubiera quedado en el Ejército, sólo alcanzando el rango de general superaría ese salario.

«La gran preocupación de Santamaría está en lo económico, pero eso no le resta responsabilidad. Él es quien da pie y permite que el cuerpo se comporte de esa manera. Pero hay que dejar claro que realmente él no es quien dirige las operaciones. Esa labor se la deja en manos de su comisario favorito», continúa la fuente.

«El problema que tiene Santamaría es que es un militar y tiene actitudes chulescas. Por eso, a veces comete errores, como en el desalojo». El informante se refiere a las imágenes captadas por televisión en que el jefe de la Policía Municipal da patadas a un bidón relleno de cemento donde dos activistas han atrapado sus brazos. Aun a riesgo de lesionar a los jóvenes que gritan de dolor, Santamaría gira el bidón y, con sangre fría, pone el pie encima y se ata el zapato.

La curiosa disciplina de «La Fundición»

Para poner orden y garantizarse la lealtad de los agentes, el jefe de Policía Muncipal se vale de algo que internamente se conoce como «La Fundición». La Fundición está compuesta por el ex jefe de policía de Barañain, un cabo y una agente veterana. En principio, su objetivo es ejercer de unidad de asuntos internos, pero en la práctica actúan de comisarios políticos y se encargan de corregir a aquellos agentes reacios a seguir las directrices impuestas por Santamaría. Por contra, La Fundición hace gala de una enorme manga ancha si el agente es hombre de confianza del lugarteniente de Santamaría.

Estas tres personas tienen como cometido recabar todos los expedientes y toda la información que pueden de todas los policías del cuerpo (un total de 430 agentes). A partir de ahí, La Fundición se encarga de imponer su particular justicia mediante sanciones. «Los cercanos a Santamaría y al comisario están protegidos. Prácticamente pueden hacer lo que quieran, mientras que los que han sido marcados como opositores son sancionados de forma implacable», asegura el informante, que sustenta su información en casos concretos. «Recientemente, a uno de los motoristas le han caído ocho días de empleo y sueldo por tomarse un café durante el turno y no haber enviado después un informe». Asimismo, a un agente díscolo La Fundición puede llegarle a castigar con tres días de empleo y sueldo si se presenta con el uniforme y le falta una de las hombreras, y también puede haber sanciones por no llevar la gorra o no realizar un saludo militar, siempre según esta versión.

«Por contra, con el cabo de las piscinas de Aranzadi ya hemos visto qué ha pasado», denuncia la fuente. Al parecer, los tres miembros de La Fundición se olvidaron misteriosamente de su estricta normativa. El cabo 46 no fue sancionado en firme hasta un año después del suceso. El milagro ocurrió, al parecer, gracias a la intervención directa del lugarteniente de Santamaría. No se le abrió expediente por haber tomado las fotografías, ni tampoco por identificarse como un agente de servicio para evitar ser detenido. El expediente sólo menciona que las cámaras captaron cómo entró al almacén de pruebas y robó la tarjeta con las posibles pruebas inculpatorias. Además, de los tres años de empleo y sueldo con los que podría haber castigado, sólo se le impuso uno.

Según un testigo presencial, en una cena extraoficial de agentes, el lugarteniente de Santamaría dijo públicamente: «No pudimos hacer más con él». La versión que ofrecen la citada fuente y un ex agente del cuerpo coincide en otro detalle que no sale registrado en el expediente sancionador. Al parecer, varios agentes se presentaron en casa del cabo para recuperar la información robada, sin que se tenga noticia de que hubieran solicitado una orden de registro. De haberse saltado el protocolo de actuación, el proceso contra él por la captación de fotografías se vería seriamente perjudicado. ¿Se refería a eso el comisario en la cena? Es una pregunta que resulta imposible de resolver.

Otra muestra del trato de favor recibido por el cabo a manos de sus superiores se encuentra en el expediente que le abrió La Fundición después de que lo pillaran. La grabación y la destrucción de pruebas tuvieron lugar en agosto del pasado año. Con fecha de 20 de agosto, la Policía Municipal resuelve «suspenderle cautelarmente de sus funciones en tanto se aclaren y se resuelvan los hechos». Aunque el informe no especifica cuáles eran estos hechos, las fechas hacen presumir que se refiere a lo acontecido en Aranzadi y la comisaría. Cuatro días después, interviene el propio Simón Santamaría dejando la suspensión «sin efecto, al haber cambiado las circunstancias extraor- dinarias que aconsejaron la adopción de la medida».

Marengo, camisetas y el último vídeo

El ejemplo más claro de la impunidad con la que actúan los agentes afines al lugarteniente de Santamaría ocurrió en un local nocturno. «Hubo un policía que sacó su arma en la discoteca Marengo. Los de La Fundición no tomaron ninguna represalia contra él», comenta el conocedor de los entresijos del Ayuntamiento de Iruñea. El policía tiene un pasado militar y conocía a Simón Santamaría antes de entrar en el cuerpo. Asimismo, tampoco los agentes implicados en el escándalo de las camisetas de corte neonazi (en las que imprimieron con las siglas de la Policía Municipal, un antidististurbios repartiendo porrazos y la cara de un bulldog) han recibido sanción. La fuente duda de que La Fundición les haya abierto expediente.

Otro de los casos donde ese grupo ha intervenido ha sido el vídeo del inmigrante ecuatoriano que fue golpeado por agentes en los garajes de la comisaría. En el vídeo, destaca por su actitud violenta un agente corpulento, del que luego se supo que fue destinado a la escolta personal de Barcina y que, antes de entrar al cuerpo de la Policía Municipal, ejerció como guardia civil. La alcaldesa salió en defensa de estos agentes y no dudó en cargar contra SOS-Racismo a pesar de lo explícito de las imágenes.

La nueva hornada de «duros»

El grupo que describió en su día un ex agente del cuerpo a este periódico como de «los enfermos», aquéllos que se caracterizaron por su brutalidad durante el desalojo de los gaztetxes de Rozalejos y San Agustín, «han sido reubicados en puestos ad hoc y en atestados para que vivan cómodamente como pago a sus servicios, amparados también por la protección que les brindan desde La Fundición». Además de ello, según comenta el ex agente, los policías que se destacan en acciones violentas durante el año son regularmente premiados el día de 29 de septiembre por sus servicios. Es el caso de la policía que golpeó en Errotxapea a una mujer de etnia gitana, que falleció de un infarto tras el enfrentamiento, que recibió en el día de San Miguel una mención especial.

Actualmente, de las actuaciones más violentas se encarga un subinspector de la Brigada de Intervención. «Es el más ideológico de todos. Está muy metido en UPN y tiene la taquilla llena de banderas españolas. Es un nazi». Esta fuente no duda en calificar al grupo de este agente como «los más violentos» que hay ahora dentro del cuerpo policial. Además, es un secreto a voces entre los funcionarios del Ayuntamiento que el grupo del subinspector «utiliza prácticas fuera de la ley. Suelen sacar fotos de inmigrantes por la calle con sus móviles, aunque no hayan cometido ningún delito, porque les gusta tener un archivo con todos ellos».

«El lugarteniente de Santamaría siempre se apoya en ellos cuando sabe va a ser una operación caliente», explica. No obstante, eso no significa que este comisario rehúya los enfrentamientos. Estuvo presente (porque él repartió los turnos y lo quiso así) en los tres momentos más duros de los pasados sanfermines. El comisario fue uno de los agentes que retiraron la ikurriña de la plaza del Ayuntamiento, a porrazos, antes del chupinazo. Al día siguiente, escoltó a Barcina y a su jefe en la procesión del santo (cuando uno de los agentes amenazó de muerte a un vecino, pasándose un dedo por el cuello como si lo degollara). Además, el comisario participó en las cargas contra el «encierro de la villavesa», el último acto popular de los Sanfermines que también había sido reprimido en 2009.

«los enfermos» han sido reemplazados y recolocados en puestos cómodos

En su día un ex agente denunció en este periódico a un grupo de la Policía Municipal, al que se conocía por el nombre de «los enfermos», que quedaron retratados durante el desalojo de Marqués de Rozalejo. Este grupo de agentes hoy día apenas patrulla las calles. Según varias fuentes, han sido recolocados en atestados y en puestos donde pasan más discretos. Ahora, el hombre duro es un subinspector que trabaja con un grupo de gente afín y que ha sido descrito como de ultraderecha. En la imagen, Simón Santamaría se ata el zapato despreciando a dos embidonados durante el desalojo de Rozalejos. La televisión captó al jefe de la Policía Municipal moviendo el barril mientras los jóvenes gritan de dolor.

12

meses

De los tres años de sanción que el reglamento permite por una falta grave, al agente que destruyó las pruebas que le inculpaban en un delito sólo se le ha impuesto un año de empleo y sueldo.

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