El Gobierno español logró ayer sacar definitivamente adelante la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a las personas desempleadas, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado.

El Pleno de la Cámara Baja aprobó definitivamente el proyecto de Ley, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introducir sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG.

Así, la nueva ley mantiene los puntos más duros del texto inicial de la reforma que presentó el Gobierno en junio. Las empresas pueden despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos.

También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.

Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

La reforma también incluye que el Fogasa pague 8 días de las indemnizaciones de despido por causas objetivas, tanto en los contratos ordinarios (de 45 días), como de fomento del empleo (33 días), así como el mismo abono para los despidos colectivos objetivos (de 20 días). La reforma consolida la vía del «descuelgue», o posibilidad de que las empresas no apliquen determinadas cláusulas pactadas en los convenios colectivos.

Pese a que ayer reconoció que esta reforma «no sirve para crear empleo », el papel del PNV ha sido fundamental para que saliera adelante, con su abstención en ambas cámaras y el apoyo a algunas enmiendas del PSOE.

«Inadmisible» actitud del PNV

Por ello, fue ayer el objeto de críticas de la mayoría sindical y de otras fuerzas políticas. LAB reprochó la contribución jeltzale a la aprobación de una reforma «nefasta» para los intereses de los trabajadores, y que el trámite parlamentario ha empeorado con 70 enmiendas que endurecen aún más el texto original.

LAB recordó que «en la exitosa huelga general del 29 de junio quedó patente que la inmensa mayoría de la sociedad vasca está en contra de la reforma» por lo que calificó de «inadmisible la actitud del PNV en Madrid», que además puso la condición de que el Gobierno español se comprometiese a reformar también la negociación colectiva.

Igualmente, ELA también afirmó que que la reforma laboral aprobada «aumenta el poder empresarial» y supone una embestida a las condiciones de trabajo.

Aseguró que el trámite parlamentario ha hecho que facilite y abarate aún más el despido, se impulsa el «descuelgue empresarial» de los convenios en salarios y en las condiciones de trabajo, y se permiten las ETTs en el sector público.

A su juicio, forma parte de «un proceso para aumentar el poder empresarial en las empresas y aumentar sus beneficios, a costa de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora», del que también forman parte la reforma de la negociación colectiva que están pactando UGT y CCOO, como la reforma de las pensiones.

También ELA criticó que la ley saliera adelante con «la colaboración necesaria del PNV». «Si este grupo hubiese votado en contra la reforma no hubiese salido adelante. Así, con su voto, ha dado cobertura tanto al decretazo como al empeoramiento del texto inicial», añadió.

También STEE-EILAS criticó la colaboración del PNV y afirmó que «han convertido la crisis económica en una excelente excusa para dar vuelta de tuerca más en las limitaciones a los derechos laborales de la clase trabajadora».

«La mayor agresión»

Por su parte, el PNV quiso desvincularse de la reforma en un comunicado en el que destacó que ha defendido todas sus enmiendas al proyecto de ley, y subrayó que ayer no se abstuvo en ninguna votación, aunque las críticas se referían a las votaciones que, tanto a su entrada en el Congreso como en el Senado, permitieron que la ley siguiera adelante en su trámite.

Eusko Alkartasuna pedirá que el Parlamento de Gasteiz muestre su oposición a la reforma laboral aprobada «con los votos del PSOE y la cobertura del PNV, que ha permitido con su abstención la mayor agresión a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en los últimos 30 años» Señaló que «tendrá también en Euskadi graves consecuencias que obligan al Parlamento vasco a solicitar su inmediata derogación».

Para Aralar se trata de una reforma «que se cimienta en el despido, que viene a recortar derechos que las y los trabajadores han conseguido durante generaciones, y que está hecha a la medida de los empresarios».