El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con 23.000 euros al preso Mikel San Argimiro Isasa, al entender que violó el artículo 3 (nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. San Argimiro, ahora encarcelado en Cáceres, fue detenido en 2002 acusado de pertenecer a ETA y tras permanecer incomunicado denunció ante la Audiencia Nacional que fue objeto de malos tratos. Posteriormente, presentó una denuncia en Donostia (...). La Audiencia de Madrid consideró necesaria una investigación más completa, pero finalmente confirmó también el sobreseimiento al considerar que «no era posible identificar» a los agentes de la Guardia Civil que detuvieron a San Argimiro y que los vídeos del arresto «serían insuficientes» para demostrar la existencia de las presuntas torturas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a valorar si hubo malos tratos (...) pero sostiene que tras la denuncia de torturas presentada después de haber sido detenido e incomunicado hubo «ausencia de una investigación efectiva» de esa denuncia por parte del Estado español. Este fallo sucede al que el mismo tribunal emitió en enero de 2009 condenando al Estado español a indemnizar con 170.000 euros a Mikel Iribarren por trato inhumano tras las secuelas que le causó el impacto de un bote de humo disparado por la Policía a bocajarro (...). En ambos casos, se pone en cuestión la rutinaria facilidad con la que los tribunales ordinarios de justicia españoles, demasiado influenciados por la presión de la opinión pública y el contexto político, archivan las denuncias de torturas y malos tratos, ya sea en el ámbito político, social o migratorio. Y también incide en la necesidad de acelerar la aplicación de una tutela judicial efectiva y de las medidas garantistas que reclaman las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como eliminar la incomunicación o la falta de cámaras en las salas de interrogatorio.