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DEMANDA DE DERECHOS

Olano y Muñoz piden al Estado el fin de obstáculos como la ilegalización

Tras un fin de semana con una amplia demostración de que la mayoría política vasca está por la defensa de los derechos y libertades frente a las conculcaciones y restricciones del Estado español, el diputado general de Gipuzkoa, el jelkide Markel Olano, y el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, reclamaron la derogación de la Ley de Partidos y el derecho de la izquierda abertzale de estar presente en las elecciones en pie de igualdad con el resto de formaciones.

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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

Dos importantes voces, una desde la política institucional y la otra desde el sindicalismo, se han alzado para pedir la derogación de la Ley de Partidos y reclamar el derecho de la izquierda abertzale a poder participar legalmente en la vida pública. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, lo hizo en el Pleno de Política General del territorio, en las Juntas Generales. El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, lo manifiesta en una entrevista en el semanario del sindicato.

Markel Olano aprovechó la última parte de su discurso ante las Juntas Generales para, después de hacer un repaso a la situación de Gipuzkoa, trazar un diagnóstico de la situación política y de los movimientos necesarios para alcanzar la paz en el nuevo contexto surgido a partir de la declaración de ETA y de la apuesta unilateral de la izquierda abertzale por las vías exclusivamente democráticas.

El diputado general de Gipuzkoa, que dijo que «la sociedad vasca está en un momento de esperanza», manifestó que «no es posible demandar a la izquierda abertzale que apueste por vías democráticas y, al mismo tiempo, impedir su incorporación al sistema democrático. Tal vez -añadió- alguien piense que ahogarla políticamente es la única manera de que ETA anuncie una decisión definitiva». Frente a ello, Olano sostuvo que esta posición «no hace sino retrasar el encauzamiento democrático de aquellos sectores minoritarios que hoy todavía justifican el uso de la violencia con fines políticos».

Acto seguido se preguntó, no sin cierto toque irónico, si tratando de perpetuar la situación actual de ilegalidad «alguien está haciendo cálculos de aritmética parlamentaria para mantener un proyecto político concre- to». Se respondió que eso sería «inaceptable desde el punto de vista democrático». Y concluyó que «dejar fuera de juego a la izquierda abertzale, para de esa forma tener el control de la política vasca, no cabe en la cultura democrática».

Markel Olano reiteró, en este punto, su exigencia de que «la Ley de Partidos sea derogada».

La manifestación del sábado

El diputado general de Gipuzkoa acusó a los gobiernos español y de Lakua de actuar «en función de sus propios intereses y no del interés general».

Fue más lejos al decir que, en realidad, «van en contra de lo que pide la sociedad vasca». Y puso como ejemplo que «la manifestación convocada por un grupo de personas para denunciar las prohibiciones y a favor del derecho a defender en libertad cualquier objetivo político refleja muy bien hasta qué punto el PSOE y el PP están realizando un uso partidista del Estado de Derecho y están generando un clima político de enfrentamiento y de crispación».

Olano defendió la vía del diálogo sin contraprestación política para acabar con «la violencia», y el papel de las víctimas en la reconciliación.

En el terreno de la normalización política, el diputado general de Gipuzkoa reclamó «el reconocimiento de Euskal Herria y de su derecho a decidir su futuro», al tiempo que destacaba que el reto es «conseguir que todos los proyectos sean legítimos y realizables en Euskadi, siempre desde los principios democráticos».

Y volvió a la necesidad de acabar con la situación de inestabilidad política que crea la Ley de Partidos. A su entender, todos cuantos no acepten esta situación y rechacen la estrategia de PSOE y PP «debemos reaccionar y desarrollar un trabajo intenso, compartido y democrático para que las instituciones vascas no caigan en manos de esta estrategia de Estado».

Las palabras del diputado general fueron respondidas de inmediato por el portavoz del PSE en las Juntas Generales, Julio Astudillo, quien declaró que la Ley de Partidos «ha salvado muchas vidas en Euskadi y ha evitado víctimas», además de haber recibido el «respaldo» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que su derogación «no tiene sentido».

Tampoco el PP es partidario de aflojar la presión del Estado. Frente a quienes piden cambios o reclaman al lehendakari que que asuma riesgos, Antonio Basagoiti apuesta por mantener «la apuesta comprometida que iniciamos hace más de año y medio» con «idéntica constancia», porque «todavía queda por hacer» y «no podemos pararnos cuando más cerca estamos de la meta».

«Yo pido que arriesguemos, pero en el marco de la exigencia democrática», añadió. «A la libertad -declaró- se está llegando combatiendo los medios de ETA y cuestionando los fines de su proyecto totalitario», y «a la convivencia, abandonando las políticas sectarias y rupturistas de quienes gobernaban en el pasado reciente».

«Mover al Estado»

El semanario de ELA recoge en su último número una entrevista a su secretario general, Adolfo Txiki Muñoz, en la que éste señala que «son necesarios pasos unilaterales». Se los pide por un lado a ETA, para que llegue a los compromisos exigidos en al Declaración de Bruselas, pero también incide en que «al Estado hay que moverlo».

Muñoz sostiene que «el Estado pone obstáculos» y señala como tales «detener a personas implicadas en la búsqueda de soluciones, los malos tratos en dependencias policiales que no se investigan, la política penitenciaria inhumana, la prohibición de manifestaciones, la negativa a reconocer los derechos civiles y políticos a personas y organizaciones...».

El secretario general de ELA aboga por la colaboración en la confrontación con el Estado sobre principios acordados y la confianza.

En el terreno de los partidos. Txiki Muñoz reitera que «la izquierda abertzale ilegalizada tiene pleno derecho a medirse electoralmente».

Paul Ríos hace una valoración positiva de la manifestación

El coordinador de Lokarri y uno de los convocantes de la manifestación del pasado sábado en Bilbo, Paúl Ríos, realizó una valoración «positiva» de la manifestación porque fue «masiva», con «apoyos muy plurales y diversos». «Creo que ha sido una respuesta cívica y pacífica a la prohibición de las manifestaciones», añadió.

En declaraciones realizadas a Europa Press a título individual y ante controversias tras la marcha, señaló que los convocantes han sido «claros en las informaciones que han transmitido a los partidos». Y lamentó que «alguien crea que ha recibido información insuficiente».

«Era y es lógico que se diese la voz a aquellos que vieron vulnerados su derecho con las prohibiciones», dijo Paúl Ríos en referencia a Adierazi EH, y añadió que el contenido de su intervención es «algo que compete y es responsabilidad» de este organismo.

El coordinador de Lokarri también señaló que «esta manifestación nos tiene que dejar una lección a futuro, que en movilizaciones como ésta todos tenemos que sentirnos cómodos, todos tenemos que aprender lo que significa compartir lemas y reivindicaciones con personas que son diferentes y piensan diferente».

GARA

Para la izquierda abertzale, «la solución ha de ser compartida»

La izquierda abertzale ha calificado la manifestación del sábado como «un paso decisivo» y «presagio de nuevos retos en ofensiva». En un texto publicado en la página web «www.ezkerabertzalea.info» a modo de editorial, señala que en Bilbo se «visualizó una mayoría popular consciente del potencial que tiene el nuevo tiempo político».

A su entender, en la enorme marcha hubo un «mensaje de esperanza» y se proyectó «una pedagogía constructiva» en dos aspectos: por un lado, que «la sociedad no es expectante sino participante»; y, por el otro, «la cooperación entre diferentes para un bien superior», que en este caso fue la búsqueda de «un escenario de condiciones mínimas democráticas».

La izquierda abertzale sostiene que «en Bilbo se retrataron las presencias y las ausencias. Y las reacciones de políticos ausentes y medios de comunicación hostiles no se han hecho esperar. A la conocida receta policial del PP le ha acompañado la acusación de frentismo excluyente, `akelarre nacionalista' dicen, del PSE y la crítica de manipulación y de engaño que aireó Urkullu, para reiterar su apuesta por un camino `propio', con hilo directo y compartido con Moncloa, además de para levantar una nueva cortina de humo que esconda su más que delicada situación interna».

En su opinión, quienes así hablan «se equivocan», puesto que «la izquierda abertzale ni está en empresa frentista alguna ni se le espera. Es consciente de que el proceso de soluciones requiere propiedad compartida para asegurar que el fruto final sea compartido y para todos».

Asegura también que «no apuesta ni apostará por la ecuación de solución igual a más abertzalismo. Como otros no deben apostar a solución igual a más constitucionalismo. La solución es más democracia, verdadera, amplia y que asegure un suelo común a todos los proyectos políticos».

La izquierda abertzale sostiene que «no instrumentaliza el proceso, ni lo ha hecho ni lo hará nunca, para utilizarlo como arma de desgaste del PNV. La solución no se construye contra nadie, sino con el concurso de todos».

En la publicación se recoge «pronto vendrán nuevos retos» y se apunta que «la legalización de la izquierda abertzale o la libertad de los presos vascos llaman a la puerta». El trabajo debería hacerse «por la vía que demostró Bilbo, en espiral expansiva y de manera ofensiva». En ese camino, la izquierda abertzale subraya en el escrito que «pondrá lo mejor de sí para explotar todo el potencial del decisivo momento político: la contribución de toda su base militante». GARA

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