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Operación policial en Gipuzkoa

Los detenidos denuncian torturas y Rubalcaba intenta exprimir la redada

Juan Carlos Besance y Xabier Atristain ingresaron ayer en prisión acusados de «integración en organización terrorista» y «tenencia de armas y explosivos». Antes, sin embargo, en una brevísima conversación, adelantaron a sus abogados que han sido víctimas de «brutales torturas» que se conocerán pronto. El auto, que suscitó gran repercusión mediática, relata adiestramientos en Venezuela, además de atribuirles atentados de hace años aún sin esclarecer.

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Juan Carlos Besance y Xabier Atristain ingresaron ayer en la prisión madrileña de Soto del Real por mandato del juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno, ante el que comparecieron aún en situación de incomunicación y por tanto sin la asistencia de sus letrados de confianza. Los dos ciudadanos vascos, que han sido acusados de delitos como «integración en organización terrorista» y «tenencia de explosivos y armas», fueron trasladados por la Guardia Civil a las dependencias del tribunal especial en la mañana de ayer, tras agotarse de manera íntegra el periodo de incomunicación permitido por ley.

Nada más comparecer ante Moreno, fueron puestos en situación comunicada, por lo que en los calabozos de la Audiencia Nacional pudieron recibir una breve visita de sus abogados, a los que, según avanzaban en la nota emitida por el movimiento pro amnistía, informaron de que han sido «brutalmente torturados». Los letrados indicaron a GARA que, debido a la brevedad de la visita, Atristain y Besance no tuvieron tiempo de especificar con más detalle el trato recibido y que no será hasta esta tarde cuando vuelvan a comunicarse con ellos.

Pese a que el auto dictaminado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional se ciñe a decretar prisión incondicional y comunicada para los dos arrestados, la página web del diario ``El Mundo'' aseguraba que las FSE buscan ahora al donostiarra Xabier Zabaleta y destacan que es hermano de Aitor, el aficionado de la Real Sociedad fallecido a manos de ultras del Atlético de Madrid en 1999.

Zabaleta es citado en el auto acusado de haber prestado las llaves de un trastero de un familiar a Xabier Atristain, ubicado en el barrio donostiarra de Puiu y en el que en los registros se habría hallado material explosivo, además de detonadores y dispositivos lapa.

Imputaciones con prisas

Sin embargo, el dato que suscitó más interés en los medios fue el supuesto «adiestramiento militar» recibido por Atristain y Besance en Venezuela. Según el dictamen judicial, los dos arrestados recibieron un curso durante el verano de 2008 en aquel país de la mano del deportado político vasco Arturo Cubillas y de José Lorenzo Aiestaran, arrestado el pasado febrero en el Estado francés.

Las prisas del Ministerio de Interior español por esclarecer los atentados de ETA aún no atribuidos también se han reflejado en este operativo. Aun sin que los detenidos hubieran comparecido ante el juez del tribunal especial, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecía ante los medios para atribuir dos atentados de ETA a las personas arrestadas. Concretamente, ligan al vecino de Villabona Juan Carlos Besance con la muerte del concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, en julio de 2001, y con el atentado frustrado contra el que fuera consejero de Educación, Universidades e Investigación de Lakua José Ramón Recalde, en setiembre de 2000.

En declaraciones realizadas en la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Asturias, Rubalcaba se congratuló de estas «importantes detenciones para poder esclarecer algunos atentados que hasta ahora no estaban claros».

«Ni una coma»

Asimismo, y como viene reiterando en todas sus apariciones públicas desde que ETA anunciara el pasado 5 de setiembre el cese de sus acciones armadas ofensivas, el ministro apuntó que su Ejecutivo «no va a cambiar ni una coma en su política antiterrorista».

«ETA ha dicho lo que ha dicho y el Gobierno no parará y seguirá desarticulando comandos», apostilló.

Las prisas de Rubalcaba ya quedaron en evidencia tras el operativo policial desarrollado por la Ertzaintza en Hernani en agosto pasado. Nada más conocerse la detención de Gurutz Agirresarobe y Aitziber Ezkerra, sus nombres fueron relacionados con el atentado mortal de 2003 contra Joseba Pagazaurtundua, y también con la muerte en Zaragoza del dirigente del PP Manuel Giménez Abad. Pese a que tal afirmación copó numerosos titulares, el auto emitido después por el juez Fernando Grande-Marlaska no mencionó para nada el atentado de Zaragoza, y Ezkerra quedó libre.

Cabe destacar también que la urgencia por endosar el atentado mortal contra el edil de Leitza José Javier Múgica ya hizo que cuatro navarros pasaran dos años en prisión, en los que reivindicaron su inocencia, antes de ser exculpados. El propio juez ya reconocía que la única «prueba» era la declaración realizada por uno de ellos durante la incomunicación, periodo en el que los arrestados denunciaron duros episodios de tortura.

Juan Carlos Besance y Xabier Atristain fueron arrestados el pasado miércoles junto a Jesús Mari Besance, hermano del primero y que el sábado fue puesto en libertad sin siquiera pasar ante el magistrado.

A lo largo de los cinco días en los que los detenidos han permanecido incomunicados, la Guardia Civil ha realizado diversos registros en Villabona y Donostia. El miércoles, el mismo día de los arrestos, se informó del hallazgo de un coche robado en 2001, de 100 kilos de explosivos y de material para su elaboración en una lonja de Villabona. El viernes, por su parte, Atristain fue trasladado hasta Donostia en helicóptero para registrar un trastero situado en el barrio donostiarra de Puiu. Agentes del Tedax se trasladaron hasta allí, donde dijeron haber encontrado explosivos y armas en un doble fondo de la bajera.

El último registro tuvo lugar la tarde del domingo, a escasas horas ya de comparecer ante el juez. Xabier Atristain fue de nuevo trasladado hasta la capital guipuzcoana para inspeccionar una vivienda que ya habían registrado el mismo día de la detención.

Ayer por la mañana, por segunda vez, se mostró a los medios en Intxaurrondo todo el material encontrado.

Vuelven a avivar la teoría que une a Hugo Chávez y a ETA

El supuesto «adiestramiento militar» recibido en Venezuela por los detenidos ha vuelto a avivar la teoría, difundida por los medios de comunicación, de que el Gobierno de Hugo Chávez ofrece «cooperación gubernamental» a ETA.

Tras este auto, el Ministerio español de Asuntos Exteriores solicitó al Gobierno de Venezuela que le facilite información al respecto.

Exteriores enmarcó esta solicitud en los «contactos» que afirma tener con Caracas desde el pasado mes de marzo, cuando otro magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, emitió un auto en el que acusó a Venezuela de cooperar con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ordenó el procesamiento de seis presuntos militantes de ETA -entre ellos el de Arturo Cubillas, que trabaja para el Gobierno de Chávez desde 2005- y de siete de las FARC.

El Ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos recordó ayer que el director de la Policía española y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, viajó el pasado mes de mayo a Caracas para intensificar la cooperación policial.

Sobre Cubillas, que vuelve a estar en la diana de la Audiencia Nacional española, el Ejecutivo de Caracas aseguró en marzo pasado que no puede ser extraditado al Estado español por ser «ciudadano venezolano». El ministro venezolano de Interior, Jesse Chacón, ratificó que la Constitución «prohíbe la extradición de nacionales». GARA

Gesto por la Paz exige medidas que eviten la tortura
LEITZA

El atentado mortal contra el concejal de UPN José Javier Múgica fue imputado en su día a cuatro jóvenes que pasaron dos años presos antes de ser exculpados, y luego se intentó culpar a dos detenidos en el Estado francés. Ahora, Alfredo Pérez Rubalcaba implica a Juan Carlos Besance.

Gesto por la Paz ha demandado al Estado español que tome las medidas pertinentes para evitar la práctica de la tortura, a la vez que le ha exigido que abra las investigaciones oportunas ante las denuncias que se interpongan.

La coordinadora ha recordado al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, mediante una nota de prensa, que investigar las denuncias de tortura es su obligación y le acusa de mantener una actitud «negligente» al respecto. En este sentido, advierte que la reciente condena a abonar 23.000 euros impuesta por el Tribunal de Estrasburgo a Madrid, por evitar la investigación en el caso del preso político donostiarra Mikel San Argimiro, ha «sacado los colores al Estado español».

Pese a considerar que «gran parte de las denuncias de tortura interpuestas obedecen a una estrategia de desprestigio», Gesto por la Paz reclama que se pongan en marcha medidas para evitarlas. Concretamente, requiere «la grabación de los interrogatorios y la estancia del detenido en las celdas».

La nota, que responde a las continuas denuncias de tortura y a la multa impuesta al Estado español por el caso de Mikel San Argimiro, destaca que «el correcto funcionamiento del Estado de Derecho se asegura cuando se toman las medidas necesarias para que no se produzcan abusos de poder e, incluso, delitos». Y recalca que este correcto funcionamiento implica también que, cuando hay una denuncia, se abra una investigación.

Desde Gesto por la Paz de Euskal Herria insisten, además, en que una «sincera deslegitimación» de la tortura «pasa inexcusablemente» por una clara condena de quien ha delinquido y un repudio público del delito. GARA

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