Tras la operación de la Guardia Civil
Venezuela decide investigar el caso de Atristain y Besance
La imputación de la Audiencia Nacional de supuestos entrenamientos de ETA en Venezuela puede volvérsele en su contra al Estado español. Caracas ha decidido nombrar un fiscal que investigue el caso a petición, además, del deportado vasco Arturo Cubillas, que ha optado por replicar al proceso judicial español. El fiscal investigará si Cubillas ha cometido algún delito o si, por el contrario, Atristain y Besance declararon tal cosa bajo tortura, como han explicado.
Ramón SOLA | DONOSTIA
Venezuela ha decidido dar un paso adelante frente a la insistencia de la Audiencia Nacional española en relacionarle con actividades de ETA, como entrenamientos clandestinos en aquel país. Ayer anunció que ha nombrado un fiscal, Richard Monasterios, para que investigue si esto es así o si, por el contrario, los dos detenidos vascos que hicieron tales declaraciones en los calabozos actuaron forzados por las torturas que han denunciado de modo muy detallado.
Esta decisión, además, ha sido tomada por el Ministerio Público de aquel país después de una petición expresa de Arturo Cubillas, ciudadano vasco que tiene la nacionalidad venezolana. Cubillas ha sido señalado reiteradamente por la Audiencia Nacional como el enlace de ETA en el país caribeño, y en el auto de prisión contra Xabier Atristain y Juan Carlos Besance se le sitúa como el responsable de los presuntos entrenamientos militares clandestinos. Se afirma incluso que cuando había algún problema Cubillas enseñaba un «salvoconducto» con carácter oficial, lo que supone una acusación muy directa para el Gobierno de Hugo Chávez.
Como ya publicó GARA, Atristain y Besance dieron cuenta de graves tormentos aplicados para que efectuaran ciertas declaraciones. Besance afirmó incluso que le habían obligado a me- morizarlas. Ambos refirieron la aplicación insistente de «la bolsa», que hizo que perdieran el conocimiento dos veces uno y tres el otro. También relataron que fueron golpeados, envueltos en goma espuma o sometidos a contrastes brutales de temperatura: Besance narró que fue introducido en una habitación a la que denominaban «el frigorífico», y Atristain, que le lanzaron cubos de agua fría.
Horas después de conocerse el escrito de Cubillas, que denuncia que está sufriendo una grave indefensión, el Ministerio Público venezolano anunció que encomienda el caso al fiscal 10º, Richard Montesinos.
El mecanismo aplicado en este caso está contemplado en el artículo 290 del Código Orgánico Procesal de Venezuela, que contempla que «quien hubiere sido imputado o imputada públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible [en este caso Cubillas], tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto».
Cubillas está siendo asistido por el abogado Marino Alvarado, considerado una referencia de postín en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, según han remarcado incluso diarios opositores como ``El Nacional''. En él se publicaba ayer una breve entrevista con el letrado, en la que asegura que cree «al 100%» que el ciudadano vasco no ha cometido los delitos que se le imputan en Madrid. «Conozco lo que ha hecho desde que llegó a Venezuela en 1988», explica Alvarado, que añade que «la actividad que realizan los vascos es absolutamente legal».
La decisión de Caracas de emprender su propia investigación supone un paso adelante. Hasta el momento, se había limitado a insinuar la posibilidad de torturas a través de su embajador en Madrid, en un momento en que ni siquiera se conocía qué había pasado en los calabozos de la Guardia Civil. Bastó aquella declaración ambigua para que el Gobierno del PSOE interviniera al máximo nivel: su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, exigió una rectificación a Venezuela, y otros como el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentaron rebajar la polémica por la acusación de la Audiencia Nacional afirmando que se daban por satisfechos con el desmentido y la actitud del Gobierno Chávez.
El PP, al ataque
Ayer, tras conocerse la decisión de Caracas, el PSOE optó también por no hacer declaraciones. Sin embargo, el PP vasco saltó rápidamente a la palestra para exigir que el Ejecutivo Zapatero lidere «una ofensiva diplomática» para acabar con «el refugio de ETA». En una nota firmada por el parlamentario en Gasteiz Carmelo Barrio, se afirma que Venezuela es un «Estado gamberro» que «sólo cederá a presiones internacionales».
El PP llevará también el tema al Congreso. En el pleno de control al Gobierno de hoy miércoles, denunciará que no ha habido «firmeza ni determinación» ante un país que tiene claro que «da cobijo a ETA».
En plena polémica soterrada entre los gobiernos de Caracas y Madrid, ningún miembro del Ejecutivo español supo dar una explicación clara y creíble a la imprevista ausencia de la representación venezolana en el desfile militar del Día de la Hispanidad, en Madrid. Estaba previsto que la bandera de aquel país desfilara junto a la de otras ocho antiguas colonias españolas que ahora celebran el bicentenario de su independencia. Sin embargo, el símbolo venezolano no apareció por ningún lado, lo que se convirtió en una de las noticias del evento.
Fue el Ministerio de Defensa español el que informó de que el encargado de portar la bandera había sufrido «una indisposición». Detallaron que fueron avisados de ello a primera hora de la mañana, entre las 9.00 y las 9.30, y que no hubo tiempo material de arregarlo.
La Embajada venezolana dijo luego en una nota de prensa que «nuestra ausencia no es en ningún caso atribuible a malestar alguno en las relaciones bilaterales, como insinúan los medios españoles».
Por el Paseo de la Castellana madrileño sí desfilaron las banderas y estandartes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Bolivia y México. GARA
La práctica de la tortura en Euskal Herria ha sido objeto de un amplio reportaje en las últimas horas en los informativos de TeleSur, canal con sede en Caracas pero que emite para toda América Latina. El punto más impactante de este bloque, que se prolongaba durante unos diez minutos y venía motivado por el caso de Atristain y Besance, era la puesta en pantalla de la conocida imagen de Unai Romano después del paso por los calabozos de la Guardia Civil, contrastándola con su rostro habitual. Millones de espectadores latinoamericanos tuvieron con ello un ejemplo gráfico de una situación que, como admitía la presentadora de TeleSur en el conjunto de la información, es desconocida en el resto del mundo e incluso en el propio Estado español.
Dentro de ese amplio reportaje fue entrevistado también Aiert Larrarte, abogado y representante de Torturaren Aurkako Taldea, que explicó a los televidentes latinoamericanos en qué consiste el régimen de incomunicación y qué es exactamente «la bolsa», un tormento que ha sido aplicado de modo reiterado a Atristain y Besance según su propio testimonio.
La periodista de TeleSur mostró su sorpresa por el hecho de que declaraciones obtenidas de esta forma puedan ser usadas como prueba, y en este punto Larrarte recordó que son muchas las condenas dictadas sólo a partir de inculpaciones o autoinculpaciones producidas en el periodo de incomunicación. Citó que hay unas 7.000 denuncias de torturas en las últimas décadas en Euskal Herria y que instancias como el Relator de la ONU han admitido la existencia de maltratos, pero que esta realidad es ocultada por los medios vascos y españoles. En alusión concreta al último caso, recordó que sólo GARA y ``Berria'' han publicado el testimonio de los detenidos.
TeleSur contactó también con un refugiado vasco, Xabier Arruti, que explicaba a las cámaras que sufren una criminalización constante y concluía que «aquí nosotros no somos nada. Lo que quieren es involucrar al Gobierno de Chávez para mantener una política de ruptura de relaciones internacionales con Venezuela». R. S.
