Ayer la imagen del rostro deformado de Unai Romano tras su paso por dependencias de la Guardia Civil recorrió América Latina ilustrando un tema allá desconocido, como es el de la tortura en relación con el Estado español. Aunque no sea precisamente algo que agrade a éste, la Fiscalía venezolana investigará si las declaraciones de Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, que implicaban al deportado vasco Arturo Cubillas en supuestos entrenamientos a miembros de ETA, fueron voluntarias o bajo tortura, investigación solicitada por el propio Cubillas ante las informaciones publicadas por varios medios venezolanos. La Fiscalía de Venezuela, así, ha tomado una iniciativa que en muy raras ocasiones toman los jueces españoles, aun comprobando el lamentable estado de muchos detenidos que comparecen ante ellos. Las numerosas, detalladas y espeluznantes denuncias por torturas de detenidos vascos, los testimonios e indicios que apenas dejan lugar a la duda habitualmente se acompañan de la falta de investigación de esas denuncias e incluso de imputación al denunciante. A pesar de las condenas del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por no investigar denuncias de tortura o de otro tipo de violencia policial. A pesar de las denuncias pendientes en aquel tribunal por las mismas causas.