persecución a la solidaridad con los presos
Hecha la ley, hecha la trampa contra las fotos
Tras más de año y medio actuando contra carteles, fotografías o cualquier otro tipo de imagen que recuerde a los presos políticos, los gobiernos de Lakua e Iruñea han sido desacreditados por la Audiencia Nacional española. No obstante, tanto las declaraciones del consejero Rodolfo Ares como la actuación de las distintas policías evidencian que no piensan cambiar de actitud. Los familiares, decenas de ellos imputados, tampoco se fían por el momento.
Janire ARRONDO I
Una semana después de que la Audiencia Nacional absolviera a cuatro miembros de Txori Barrote y estableciera que no hay delito alguno en exhibir fotos de presos, las autoridades apuestan por dar la espalda al tribunal especial y seguir con su campaña contra las imágenes. Y más allá aún: el jueves, en la Txantrea, policías se dedicaron a tomar fotografías de la concentración semanal, en la que solamente se muestran siluetas. Un día después, la Ertzaintza pasó insistentemente ante las concentraciones de Zarautz y de Orereta, reflejando que no está dispuesta a relajar la presión sobre familiares y amigos, ni siquiera después del dictamen judicial, el primero que ha entrado en el fondo de la cuestión en los pocos juicios realizados hasta ahora por este tema.
Los solidarios con los presos tienen motivos para no fiarse, y más aún después de la explícita declaración de desobediencia del consejero de Interior, Rodolfo Ares, o del delegado español en Gasteiz, Mikel Cabieces, que insisten en que seguirán con la denominada «tolerancia cero» frente a los signos que recuerden que en Euskal Herria existen presos políticos. Esta apuesta por mantener la solidaridad desde la prudencia se tradujo en las concentraciones del viernes con el mantenimiento generalizado de fórmulas de expresión como las siluetas, aunque a estas alturas la casuística es enorme: desde los familiares que no llevan la foto del hijo o hija preso sino la suya propia, hasta la de quienes portan el retrato del represaliado con la leyenda «Zentsuratua» sobreimpresionada.
Todo empezó en la primavera del año pasado, antes incluso de la llegada de Patxi López a Lehendakaritza, aunque se aceleró y agravó con el nuevo Gobierno de Lakua. Escudado argumentalmente en la Ley de Víctimas del Terrorismo, el Departamento de Interior ha apostado por retirar todas las fotografías de prisioneros de establecimientos o de las calles. A esta carrera se sumó enseguida el Gobierno navarro. Así, durante más de un año se han repetido las actuaciones policiales por muchas localidades de Hego Euskal Herria.
Durante los últimos veinte meses, esta campaña política se ha traducido en cientos de identificados y no pocos agredidos, bajo la excusa, ahora desmontada por la Audiencia Nacional, de que portar una imagen de presos suponía «enaltecer o justificar el terrorismo». Y el 8 de octubre la sentencia absolutoria para los procesados de Txori Barrote establecía que «ni del contexto, ni de los símbolos y emblemas exhibidos en tal txosna puede interferirse, con total certeza, la existencia del ánimo de enaltecer o justificar el terrorismo a sus autores». El fallo considera que las fotografías tampoco suponen una «humillación» para las víctimas de la organización ETA.
La sentencia recuerda que la querella fue presentada por Daniel Portero, presidente del colectivo Dignidad y Justicia, después de acudir él mismo a las txosnas de Bilbo para recabar elementos que permitieran delatarlas. Días después, la Ertzaintza entró en el recinto festivo a plena luz del día y se llevó todas las fotos. Ahora, frente a lo alegado por Daniel Portero, la Audiencia Nacional considera que no había «enaltecimiento del terrorismo» ni tampoco «humillación» a las «víctimas», dado que «no está acreditado el dolo específico que para ello se precisa, pues la totalidad de los acusados son parientes de alguna persona en tales fotografías exhibidos». Una situación extrapolable por tanto a muchos de los episodios llevados a la Audiencia Nacional, donde se apilan expedientes contra familiares y amigos de presos por esta campaña.
Pese a ello, apenas un día después de conocerse el fallo, Rodolfo Ares, anunciaba que mantendrán lo que venían haciendo hasta ahora, es decir, que la Ertzaintza seguirá retirando las imágenes de represaliados políticos de las calles. Su valoración iba más allá y llegaba a reprochar a los jueces haber interpretado «erróneamente» el Código Penal vigente en el Estado español. Como segunda opción para sostener su campaña, Ares se mostró dispuesto a cambiar la ley «si fuera necesario» para superar las reticencias judiciales. Otros mandatarios del PSOE como el delegado en Gasteiz, Mikel Cabieces, han optado por menospreciar la sentencia afirmando que se trata de un caso aislado que no cuestiona la doctrina general. Sin embargo, a la vista está que otros casos similares como el abierto contra las peñas de Iruñea por dibujos en las pancartas o contra concejales de Berriozar por una banderola a favor de los presos también han concluido su periplo judicial sin condena alguna.
Guiados por su deseo de aislar a los presos de su entorno social y afectivo, no es la primera vez que el Gobierno español y Lakua ponen en marcha políticas de este tipo. En esta ocasión optaron por eliminar las fotografías de reclusos, aunque con ello, sobre todo en las fiestas populares, hayan cosechado el efecto contrario: multiplicar su imagen en pegatinas, camisetas, pintadas...
Todo comenzó en marzo del 2009, cuando el diario "El Mundo" puso en el punto de mira el vallado del Banco Guipuzcoano de Arrasate, donde colgaban fotografías de presos de la localidad. Una intensa campaña mediática, señalando «muros de la vergüenza» en un sinfín de localidades vascos, abrió la puerta a la intervención del fiscal español Vicente González Mota, que ordenó a la Ertzaintza retirar las fotografías de Arrasate.
Poco después, comenzaron las irrupciones en herriko tabernas y «la caza» pasó después a Nafarroa, donde a día de hoy -hecha la ley, hecha la trampa- se persiguen incluso las pancartas que incluyan los nombres de los presos, en un intento de llevar al extremo el intento de invisibilizar la denuncia de la conculcación constante de los derechos de los presos políticos vascos.
LPresoen argazkien auzian, Lakuak gidatutako ofentsiba politikoak bestelako hamaika ondorio ere ekarri ditu: Poliziaren esku-hartzeen ondorioz zaurituak ez dira gutxi izan. Juan Jose Ibarretxe artean Lehendakaritzan zela, urtarriletik dozenaka izan ziren presoen ongietorriei jarritako debekuak. Martxoan hasi zen argazkien kontrako «gurutzada» Arrasaten; Zaldibia, Oiartzun edota Seguran jarraitu zuen.
Patxi Lopezen Gobernu berria jada martxan zela, ekainaren amaieran Galdakaoko Ibilaldian indarrez sartu zen Polizia autonomikoa. Txosnagunera dozenaka ertzain sartu ziren, jarrera basatiaz, aurkitu zituzten kartel eta argazki guztiak kenduz; tartean, «bokata goxo goxoak» iragarri eta horien salneurriak zehazten zituena ere kendu zuten. Horrekin nahikoa ez eta borrak astinduz festan zebilen jendearen aurka jo zuten. Ondorioz atxilotu bat eta hamalau zauritu izan ziren. Kolpeak, buruan jostura puntuak, hezur hausturak eta hamaika ubeldura zituzten gazteek prentsaurrekoa eskaini zuten egun gutxira, eta epaitegietan salaketa jarri zuten polizien aurka.
Abuztuan, Getarian Juan Sebastian Elkanoren lehorreratze festan, herriko tabernan kartel bat jartzera zihoazen gazteen kontra jo zuen Ertzaintzak: hiru lagun zaurituta utzi zituen. Handik egun gutxira, Donostiako Aste Nagusian Etxeraten ostiraleroko enkarteladaren aurka jo zuten. Manifestazio buruan zihoazenekin Boulevardetik ez pasatzeko adostu, eta hauek pankarta jaso eta atzera bueltan zihoazela, ertzainek tropelean korrika atzetik jo zuten presoen senideen kontra. Bi lagun zauritu zituzten. Egun gutxira Groseko beste manifestazio batean ere gisako jarrera agertu zuten.
Oihartzuna izan zuten Gernikako jaietako gertakariek. Jaien barruan antolatutako protesta bat debekatu eta kalejira egitea erabaki zuten gernikarrek; Ertzaintzak, baina, borrak atera eta denbora luzez istiluak eragin zituen herrian. Hogei zauritu eragin zituen. Patxi Lopezek horrelako gertakariak «gustuko ez» dituela esan zuen, baina, «legea betearazteko egin beharrekoak» direla.
Izan da, baina, polizien jarrerari erantzuteko modu berezirik. Iruñean esaterako elkarretaratzeetan norberaren argazkiak atera zituzten aldiren batean. Barakaldoko txosnetan ere, Ertzaintzak irudiak kendu ondoren, euren argazkiak jarri zituzten, azpian honakoa ziotela: «Nire laguna preso dago».
El pasado verano las fuerzas policiales han protagonizado actuaciones similares a las de 2009 pese a que representantes institucionales o resoluciones judiciales ya vinieran poniendo en entredicho las acusaciones vertidas. A finales de julio, la asociación Eskubideak compareció ante la prensa para denunciar la criminalización de la solidaridad hacia los presos. La asociación de abogados vascos indicó que los mandos policiales y la clase política estaban obviando las «opiniones fundadas» sobre el delito de «enaltecimiento del terrorismo», ya que hubo sentencias tanto del TSJPV como de los tribunales españoles que anticipaban que el mero hecho de exhibir fotografías no supone un delito de «enaltecimiento». Alertaban, además, de que la «persecución» de las fotografías rayaba la «prevaricación».
Los integrantes de Eskubideak presentaron un manifiesto, apoyado por un centenar de letrados, que sostenía que exhibir las fotos «no es delito». Así, comparecieron con imágenes de varios colegas de profesión que se encuentran encarcelados, como Iñaki Goioaga, Arantza Zulueta, Joseba Agudo, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Txema Matanzas y Aratz Estonba. Eskubideak censuró el uso del tipo penal de «enaltecimiento del terrorismo» para la «persecución de ideas, manifestaciones y actos políticos». Es más, alertó de que entra en conflicto con derechos de rango constitucional como son los derechos de libertad ideológica y de opinión.
El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, expuso ya en octubre del 2009, en una conferencia en el campus de Leioa de la UPV, que tras la exhibición de las fotos «hay una motivación más humana que verdaderamente una incitación a la violencia». Scheinin manifestó entonces que debe existir «riesgo» de que la persona que «reciba el mensaje» lo entienda así para considerarse que existe «enaltecimiento». Un mes más tarde, el TSJPV recordó al Gobierno de Lakua que el uso de estos retratos en una concentración «no puede, por sí mismo y, en principio, entenderse como ilegal o que menosprecie a las víctimas»; añadía que, para considerarlo «enaltecimiento del terrorismo», debería haber expresiones verbales, escritas o portar anagramas.
Antes de la sentencia absolutoria para Txori Barrote, los letrados de Eskubideak pusieron sobre la mesa varios ejemplos en los que imputados por «enaltecimiento » finalmente han sido absueltos. Recordaron el caso de los tres ediles independentistas de Berriozar, encausados tras el chupinazo de fiestas del año pasado y absueltos luego, o el de la camarera del bar Ezpala de Iruñea, condenada a una multa.
La sentencia de la Audiencia Nacional sí abre la opción de que, si esos carteles «hieren la sensibilidad» de alguien, el asunto pueda tramitarse por vía administrativa o que se pueda proceder a su retirada, pero deja bien claro que en ningún caso existiría delito, como anticiparon desde Eskubideak.
