Con un 85% de votos a favor, un 4,5% en contra y un 10,3% de abstenciones, la asamblea de Aralar aprobó ayer en Iruñea una resolución en la que, entre otras cosas, se plantea modificar el acuerdo organizativo firmado con EA y PNV con el objetivo de dar voz y voto a los independientes presentes en la coalición, los denominados «nabaizales».

Recientemente, un grupo de independientes de NaBai, encabezados por Koldo Martínez, reclamó mantener su representatividad en esta coalición, a lo que Txentxo Jiménez les respondió que el voto de una sola persona no se puede equiparar al de un partido político.

Con anterioridad a la aprobación de la resolución que ahora plantea dar voz y voto a los independientes, la asamblea de Aralar ratificó a Zabaleta como cabeza de lista de NaBai para las elecciones al Parlamento autonómico y candidato a la presidencia del Gobierno navarro.

«Dispuesto a asumir riesgos»

A continuación, el propio Zabaleta expuso ante la asamblea las grandes líneas ideológicas de NaBai, destacando que la política navarra «necesita un cambio en profundidad, basado en la verdad y la dignidad y que apueste por suprimir la corrupción entre la clase política».

Uno de los objetivos que se marcó es «alcanzar la pacificación y la normalización política», para lo que, según dijo, «hay que estar dispuesto a asumir riesgos». La segunda línea que señaló es la defensa del derecho de los navarros a decidir sobre su futuro, «como base para la normalización de la vida en común».

El tercer eje que citó fue el fomento de las políticas sociales y progresistas. Y como cuarta y última línea de actuación prioritaria apostó por «retomar las relaciones que se rompieron del Gobierno navarro con el resto de provincias que forman Euskal Herria».

En el supuesto de que sea elegido presidente del Gobierno navarro, anunció que regularizará la captación de ETB y Euskalerria Irratia en Nafarroa en un plazo de quince días, y también propuso reducir a la mitad las designaciones de carácter político en la Administración.

Además, planteó eliminar los «privilegios» de la clase política que «no tienen el resto de los ciudadanos», como los coches oficiales, los escoltas o los consejeros particulares.