Juanjo BASTERRA I

El mantenimiento del sistema público de las pensiones es una cuestión de voluntad política y de tesón para frenar la batalla que ha emprendido la élite económica y financiera en favor de un sistema privado que les reporte enormes beneficios económicos. No es de extrañar. En el Estado español el patrimonio que gestionan los fondos de pensiones ascendió a mitad de este año a 82.671 millones, casi veintiséis veces más que en 1990 y supone casi la nómina anual a la que tiene que hacer frente las arcas públicas para el pago de pensiones contributivas, que en 2010 ascenderá a 95.320 millones. Garantizar la financiación de las pensiones públicas obligaría a generar empleo de calidad y salarios más elevados a los actuales para garantizar cotizaciones mayores, pero en ese camino se tropieza con los intereses del poder económico.

En el Estado francés se libra en estos momentos una batalla en la calle. Un pulso que los pensionistas, los trabajadores, los jóvenes y la sociedad en general han emprendido contra la reforma de la ley de pensiones de Nicolas Sarkozy, que se alinea con la política neoliberal que trata de mutilar el derecho de los ciudadanos a recibir una pensión pública después de pagar cotizaciones a la Seguridad Social. El martes se desarrollará la octava huelga general importante en los últimos meses, pero, a la vez, se producen numerosas movilizaciones, incluso en algunos sectores la huelga es indefinida, como en subsectores del transporte y en las refinerías de combustible. La huelga del martes en el Estado francés será previa a que el Senado ratifique el conjunto de la reforma de la ley de pensiones el 20 de octubre.

En el Estado español los ejes de la reforma son similares a la francesa: ampliar de 65 a 67 años la edad de jubilación y calcular la pensión con los últimos veinte años de vida laboral y aumentar la edad legal de jubilación a los 62 años. Pero en el Estado español nadie se mueve y se está permitiendo que todos los gabinetes de estudios pagados por bancos, cajas y entidades privadas «tomen» la opinión pública en favor de una reforma que suponga el acceso más difícil a una pensión pública.

Esta corriente neoliberal al servicio de la élite económica y financiera insiste en la necesidad de trabajar hasta los 70 años para poder jubilarse y recibir una pensión, a cotizar 40 años de la vida laboral y a elevar el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, sabiendo que la elevada precariedad laboral existente impedirá que muchos trabajadores alcancen ese extremo, lo que supondrá una condena a obtener una pensión baja cuando se jubilen.

De hecho, hoy las pensiones de la mayoría son de miseria. Los datos de la Seguridad Social española confirman que el 71,75% de los pensionistas obtiene nóminas por debajo de los mil euros y el 58,5% percibe nóminas inferiores a 600 euros al mes, lo que supone estar en los niveles de pobreza después de haber estado décadas cotizando a la Seguridad Social. En este caso, Miren Etxezarreta, doctora en Economía por la London Scholl of Economics y la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que «sólo los más ricos podrán vivir mejor su vejez con el recurso a las pensiones privadas. Para el resto de la población es imprescindible defender y mejorar las pensiones públicas».

De hecho, la compañía de Seguros Caser aseguró que un 65% de la población no podía ahorrar para su jubilación por la inestabilidad laboral, los bajos salarios y el exceso de costes a los que se deben realizar.

Como indica Attac en su libro «¿Están en peligro las pensiones públicas?», elaborado por Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, la pensión media contributiva en el Estado español es sólo el 68% de la media de la UE-15 y la pensión no contributiva es «sólo el 46% del promedio de la UE-15». Este tema no es motivo de preocupación para los altos ejecutivos de los bancos Santander y BBVA, aunque son los que están impulsando la privatización de las pensiones. Seis ejecutivos del Santander percibieron 251 millones en pensiones en 2009, mientras que el presidente de BBVA acumula ya un fondo privado de pensiones por valor de 79,7 millones. Estos millonarios se benefician de la normativa de la Seguridad Social que fija un tope de cotización por salario, por encima del cual no se cotiza. De esa manera, los banqueros cotizan a la Seguridad Social igual que un empleado cualificado. Una medida eficaz sería eliminar esos topes, para que quien más tiene cotice más.

La base del argumento que utilizan los gobiernos, sin distinción, y la propia Comisión Europea, que también ha abierto un debate sobre el futuro de las pensiones con el objetivo de imponer la jubilación a los 70 años, es que el coste económico de las pensiones en el año 2060 alcanzará al 14% ó el 15% del PIB. En el Estado francés, según los datos de Eurostat, en 2007 las pensiones consumían el 13,3% del PIB; en el Estado español, se sitúa en torno al 9%, mientras que en Hego Euskal Herria el gasto de pensiones ha pasado del 8% al 8,4% desde 1995 a 2008, lejos del gasto que tiene el Estado francés y la media europea que, según Eurostat, ronda el 12% del PIB de la UE-15. En este caso, Viçenc Navarro sostiene que no está fundada la alarma de que en 2060 las pensiones públicas sean insostenibles, porque, al igual que explica la economista Miren Etxezarreta, «no se tienen en cuenta ni la productividad ni el crecimiento económico que resultará en estos próximos cincuenta años».

Navarro rechaza por «alarmistas» esos cálculos y asegura que «si la productividad crece de media en un 1,5% al año, que es el promedio de los anteriores cincuenta años, implicaría que un PIB de 100 en el año 2060, habría crecido 2,25 veces, siendo 225. Si en 2007 nos gastamos un 8% del PIB en pensiones, dispondríamos de 92 unidades, pero en 2060, ese 14 ó 15% del PIB supondría 33 unidades del PIB, por lo que nos quedarían 192 unidades de gasto, más que ahora». La batalla por las pensiones está en alza.