Los representantes del comité de empresa de la factoría de Saunier Duval, ubicada en Gasteiz, han exigido la implicación de las Juntas Generales de Araba ante la intención de cierre de la empresa. Al respecto, han solicitado que se establezcan medidas para evitar que las empresas beneficiarias de subvenciones públicas puedan abandonar el territorio.

En unas declaraciones a los medios, realizadas tras la comparecencia del comité en una Comisión que se celebró ayer a puerta cerrada, los representantes de LAB, Tito Lasarte, y de ELA, José Manuel Rico, denunciaron la «impotencia» que sienten los trabajadores a la hora de negociar con una multinacional que «puede hacer y deshacer a su antojo», según informó la agencia Europa Press.

Ante esta «impotencia», los representantes del comité de empresa han solicitado a las Juntas Generales de Araba «una reforma empresarial» para evitar que las empresas «vengan, roben y se vayan», algo que Lasarte catalogó como «operación especulativa».

«Las empresas se aprovechan de que las instituciones no realizan un seguimiento sobre las ayudas, por lo que utilizan dichas ayudas y cuando pasa un tiempo se largan», criticó Rico, quién recordó que, en el caso particular de la empresa Saunier Duval, «con el último plan social el montante que le cuesta cerrar la producción no llega a las subvenciones publicas recibidas».

1,3 millones de dinero público

Asimismo, Rico explicó que la empresa Saunier Duval, perteneciente al Grupo Vaillant, ha recibido 1,3 millones de euros por parte de las instituciones. Concretamente, 107.000 a través de la SPRI y 198.000 a cargo de la Diputación de Araba. «Distintos cargos políticos nos han comentado que hay empresas con más volumen de ventas que no han recibido tanta ayuda», añadió.

Además, el delegado de ELA destacó que el Grupo Vaillant es el sexto grupo financiero de Alemania, y subrayó que su valor patrimonial asciende a 2,4 billones de euros. «No queremos migajas, queremos trabajar», señaló Lasarte, quién a su vez, manifestó que la empresa está mintiendo, ya que «no ha demostrado que las cuatro causas presentadas para presentar el ERE sean verdad».

Dicho expediente de regulación de empleo afecta a un total de 66 trabajadores, de los que más de 40 han aceptado el Plan Social presentado por la empresa alemana.