«El empleo de la fuerza contra la población es una de las medidas más extremas que un Estado puede tomar y no es válido invocar circunstancias excepcionales para justificar cualquier desvío del cumplimiento de los Principios Básicos». Esta es una de las afirmaciones que recoge el libro «Entender la labor policial», donde Anneke Osse defiende que la actuación policial debe estar limitada para evitar el uso excesivo de fuerza.

Invitada por Bidea Helburu, Osse ha estado en Donostia para hablar sobre esta temática.

¿Cuándo es justificable el uso de la violencia?

Siempre que haya un objetivo, en materia policial, legal. Además del objetivo, la forma en que se haga también debe ser legal, y con un uso proporcionado de la fuerza. Todo esto está definido.

¿Es habitual, en diferentes países del mundo, que la Policía ponga como argumento la inestabilidad política para hacer uso abusivo de la violencia?

Me temo que sí. Esta es, efectivamente, la excusa que usan los cuerpos policiales de todo el mundo, en general, para un uso excesivo. La Policía no recurre al principio de proporcionalidad para justificar su uso de la fuerza, sino más bien la gravedad del crimen contra el que se supone que están luchando en ese momento.

El derecho internacional exige investigar los casos en los que la acción policial haya tenido consecuencias como la muerte o lesiones graves. ¿Existen factores que obstaculizan esas investigaciones?

Claramente, sí. En muchos países, tanto la Policía como el Estado en sí están incómodos con que se investiguen sus violaciones de derechos. Lo que suelen decir es que «vamos a investigar nosotros mismos». En esos casos puede ocurrir que investiguen bien, pero muy a menudo no se da ese caso.

En Euskal Herria son constantes las denuncias por actuaciones violentas de la Policía y por torturas.

Resulta complicado hacer declaraciones específicas sobre Euskal Herria, porque yo no conozco bien esta realidad. Pero Amnistía Internacional hizo dos informes sobre España, en 2007 y 2009, donde se decía que sí hay casos de tortura y malos tratos. Aunque no es sistemático, no ocurre siempre. No obstante, hay una clara carencia por parte de las autoridades en cuanto a tomar medidas para garantizar que eso no ocurra.

¿El régimen de incomunicación da pie a torturas o malos tratos?

Definitivamente, sí. Por eso la comunidad internacional claramente se opone a la detención incomunicada, porque da las condiciones para que se produzcan torturas. De hecho, el derecho internacional lo prohíbe claramente.

Afirma que los estados deben garantizar que los cuerpos policiales cumplan y hagan cumplir las normas de DDHH. Por tanto, ¿el máximo responsable de la violencia policial es el Estado?

Es el Estado el responsable de un cuerpo policial. Un agente, en caso de vulneración, es el responsable. Pero no sólo él, también incumplen normas quien le ordena, da instrucciones o la formación; esto nos lleva al Estado. Así pues, falla el sistema.

¿Por qué se decantan los cuerpos policiales por modos de actuar basados en la violencia?

La Policía refleja la opinión de los estados, y, por tanto, hay que cambiar esa visión desde arriba. Se necesita saber si quieren un cuerpo policial basado en la fuerza o en la legitimidad. La Policía es más efectiva cuando tiene más contactos con la gente que se supone que está sirviendo, cuando goza de confianza pública.

Esa confianza también dependerá de si cumplen las normas.

Y de si se rinden cuentas al respecto. Los ciudadanos deberíamos poder acercarnos a los agentes y preguntar por qué hacen lo que hacen.