Tras conocerse las conclusiones definitivas del informe encargado por el Consejo de Aquitania a un gabinete independiente (ACRO) en torno a la contaminación del terreno de la antigua empresa Fertiladour, la polémica se ha intensificado por las noticias que han ido apareciendo sobre la actuación de los servicios estatales y también de ciertos directivos de la región aquitana.

El martes, Europe Ecologie confirmaba lo avanzado por el informe respecto a los niveles de radioactividad cinco o seis veces superiores a lo establecido por el protocolo de descontaminación gestionado por la DREAL (servicio estatal de medioambiente) y exigía una investigación sobre la salud pública para los ex trabajadores y vecinos.

Pusieron en duda, asimismo, que haya habido realmente «voluntad» para la descontaminación total del terreno situado en el recinto portuario de Bokale-Baiona.

«Estrategia oculta»

El portal de EITB iba más lejos ayer y hablaba de una «estrategia oculta y concertada de los servicios del Estado y de los del Consejo de Aquitania». Relataba pormenorizadamente la actuación, en particular, de Michel Amiel (DREAL) y de Stéphane Gubert, director de Estudios de Infraestruturas portuarias, que habrían retirado partes del protocolo para minimizar así las mediciones, y favorecer que el industrial escape a su obligación de descontaminación total.