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Análisis | Juicio por el acto de Anoeta de 2004
¿Cómo despolitizar un juicio a políticos por un acto político?
El juicio buscará criminalizar a Otegi y sus compañeros -es significativo que se les impute «enaltecimiento» y no «desobediencia»- al tiempo que se oculta su propuesta política para no repetir el ridículo de Murillo en enero.
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Ramón SOLA
El titular de esta página puede parecer un trabalenguas, pero no lo es. Se trata del criterio que se ha marcado el tribunal que juzga hoy a Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez. Quiere un juicio en clave criminal y no política, pero los hechos juzgados hablan por sí solos.
Por segunda vez este año, la Audiencia Nacional sienta hoy en el banquillo a Arnaldo Otegi, acompañado esta vez de Joseba Permach y Joseba Álvarez. Se juzga en realidad el acto del Velódromo de Anoeta en el que la izquierda abertzale planteó una nueva metodología para la resolución del conflicto. Justo el domingo se cumplirán seis años de aquel evento multitudinario.
Se trata, por tanto, de un juicio a tres políticos por un acto político. Pero el tribunal persigue un imposible: ocultar que es un proceso político. Según han avanzado fuentes judiciales, los magistrados Fernando García Nicolás, Julio de Diego y Enrique López se han fijado un criterio de actuación: obligar a los tres portavoces independentistas a «ceñirse a los hechos ocurridos en el mitin». Europa Press explica que «tratarán de evitar que el dirigente de la izquierda abertzale aborde durante su interrogatorio asuntos ajenos al procedimiento».
Un precedente: enero. Según estas fuentes, la Audiencia Nacional no quiere que se repita lo ocurrido en enero, cuando Otegi fue juzgado también en la Audiencia Nacional por un acto relativo al veterano preso Joxe Mari Sagardui, Gatza, en Zornotza. Aquello fue, curiosamente, apenas meses después del acto de Anoeta, y en la misma fase política previa a la visualización de un proceso de negociación.
Los jueces no quieren que, como ha sido norma habitual en juicios políticos realizados en todo el mundo a lo largo de la historia, los imputados puedan dar la vuelta a la tortilla y utilizarlo como altavoz para sus demandas. Eso fue lo que ocurrió en enero, cuando Otegi utilizó sus turnos de palabra para explicar la apuesta de la izquierda abertzale por vías políticas, pacíficas y democráticas, y para defender un proceso de diálogo y negociación.
Esto provocó una reacción inédita en un tribunal teóricamente obligado a representar imparcialidad: su presidenta, Ángela Murillo, decidió entablar un careo con el imputado en torno a cuestiones como la condena o no de las acciones de ETA. Sobra decir que el asunto se saldó como era lógico, teniendo en cuenta que la última palabra en el juicio la tenía Otegi, pero la sentencia la escribía Murillo: hubo condena.
Sin embargo, la Audiencia Nacional quedó en entredicho por la actuación de la juez durante la vista oral, criticada incluso en medios madrileños, y por la obligada distorsión de la figura histórica de Nelson Mandela hecha en la sentencia, por lo que esta vez se quiere actuar de otra manera y evitar ridículos.
Un objetivo: criminalizar. Hay un dato que llama la atención en el escrito fiscal. Teresa Sandoval comienza destacando que aquella tarde Otegi admitió que el de Anoeta era «un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal». Sin embargo, la imputación que se dirige contra los tres independentistas no es de «desobediencia» -por incumplir la ilegalización-, sino de «enaltecimiento» de ETA.
Esta es una constante en los procesos judiciales que afectan a Arnaldo Otegi. Lo mismo se le imputó en el caso del homenaje a Olaia Kastresana o en el citado de Joxe Mari Sagardui. Y esto hace evidente el objetivo de fondo: representar ante la opinión pública española e internacional que el líder de la izquierda abertzale actúa sometido a la organización armada, algo que se ha vuelto a remarcar en el auto de la pasada semana que rechazaba su puesta en libertad.
Sin embargo, como apunta la defensa en su escrito, las acusaciones ni siquiera han podido encontrar en los 45 minutos de discurso de Otegi una sola frase que les sirva para sustentar la acusación de «enaltecimiento». Utilizan para ello otros elementos difícilmente atribuibles a los tres acusados, como las imágenes proyectadas en un momento del mitin o los gritos en favor de ETA lanzados desde el público en algunos pasajes. O sea, se les imputan acciones que ni siquiera son suyas. Todo vale.
Y un objeto: una propuesta de resolución. Sin embargo, el objetivo de los jueces de reducir el caso a un ámbito «criminal» y no político topa con una realidad innegable: lo que se juzga es una propuesta política y defendida por políticos. El escrito de la defensa recuerda que en realidad es un eslabón más en una larga historia: «Durante toda su trayectoria, la izquierda abertzale ha trabajado para poner en la agenda política del País Vasco propuestas de carácter político que permitan superar la situación actual y llevar a los ciudadanos y ciudadanas a un escenario democrático donde cada uno pueda llevar adelante su proyecto político».
Ocurre, además, que ese eslabón ha dado paso a otros. De entrada, la metodología propuesta en Anoeta abrió cauce rápidamente -en sólo unos meses- a una negociación en formato de doble mesa: Gobierno español-ETA y PSOE-izquierda abertzale (con el añadido posterior del PNV). Y, como recordó el martes Joseba Permach, sin esta estación no se habría llegado a la de Gernika, que marca el momento y las perspectivas del presente.
Por todo eso, el juicio no sólo es político, sino también actual.