La indignación del fiscal del tribunal que juzga a Albisu, Iparragirre y otros ocho vascos es proporcional a la terquedad de su Gobierno a la hora de negar la existencia de un conflicto político que le atañe con la misma intensidad que el español, aunque sus manifestaciones hayan sido históricamente diferentes. No estamos ante un conflicto nacido de la violencia, sino de uno que genera violencia por la negación sistemática del pueblo vasco y sus derechos. A los dos lados del Bidasoa.