Aralar había solicitado la comparecencia de José Luis Besance para que diera cuenta en el Parlamento de Gasteiz de la denuncia de torturas presentada tras haber estado cinco días en manos de la Guardia Civil y haber sido dejado en libertad sin ni siquiera pasar ante el juez. Solicitaba que le acompañaran miembros de Torturaren Aurkako Taldea y familiares de otros denunciantes de torturas. La comisión que vela sobre el respeto de los derechos humanos no lo ve apropiado.

Habitualmente, las mesas de cada comisión admiten todas las peticiones que hacen los grupos parlamentarios conformes al reglamento. Pero ya son dos las solicitudes que ha vetado la Comisión de Derechos Humanos, ambas relacionadas con denuncias de torturas.

El rechazo de una solicitud por parte de la mesa debe contar con el respaldo posterior de la comisión. Mari Mar Blanco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos la sometió ayer a votación. Nueve a favor, nueve en contra. Se impone el voto ponderado de la mayoría de PSE y PP.

Aintzane Ezenarro, de Aralar, expuso que todas las personas cuya prsencia había propuesto estaban en pleno uso de sus derechos y destacó que no había razones para impedir su comparecencia.

Desde el PSE, Natalia Rojo le replicó que su grupo consideraba que «no es apropiado», puesto que para las denuncias de torturas ya hay otro cauce.

Carlos Urquijo, del PP, arguyó que su rechazo tenía una «motivación política». Según su visión, el TAT es un grupo que «está haciendo el caldo gordo a gente que está fuera de la ley y no tenemos interés en escucharle en sede parlamentaria. No vamos a dar altavoz a quienes se dedican a sembrar dudas sobre el Estado de Derecho».

El jeltzale Iñigo Iturrate mostró su absoluto desacuerdo con la decisión y denunció que la Mesa de una comisión no puede impedir comparecencias con argumentos de oportunidad política.

Al término de la votación y una vez rechazada la comparecencia, Aintzane Ezenarro se mostraba indignada y anunció que su grupo adoptaría las medidas que fueran necesarias para corregir este tipo de actuaciones, que calificó de arbitrarias.

La parlamentaria de Aralar manifestó que realizaría las consultas legales precisas para conocer cuál puede ser la vía más eficaz para responder a este veto y no descartó recurrir a los tribunales.

Durante su intervención en la comisión, también el jeltzale Iñigo Iturrate dijo estar dispuesto a buscar fórmulas a una decisión que calificó como «contraria a derecho».