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Insuficiencia democrática
Continúan las reacciones a la presentación, el pasado sábado, de las bases del proyecto político de la izquierda abertzale, la mayoría de ellas coincidentes en estimar que la izquierda abertzale ha desactivado las disculpas y trampas revestidas con ropajes jurídicos que el Estado español ha utilizado para ilegalizar diversas formaciones independentistas, si bien buena parte de los agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria han apuntado que, además, nunca se le debía haber negado a la izquierda abertzale el derecho a la participación política en condiciones de igualdad.
Sin embargo, esa situación de negación ha servido a los gestores del Estado para arrogarse un papel adjudicador de credenciales democráticas de las que la izquierda abertzale nunca será acreedora si no renuncia a sus objetivos políticos. Mientras unas voces gubernamentales o del partido en el Gobierno afirman que los movimientos de la izquierda abertzale son «aún» insuficientes, otras aseguran que haga lo que haga será insuficiente. Así lo vino a decir el fiscal general del Estado, pero la mejor muestra de ello son las declaraciones del ministro español de Presidencia, Ramón Jáuregui, asegurando que el cumplimiento de la Ley de Partidos no es suficiente para cambiar la estrategia de su Gobierno. En su cruzada contra el independentismo vasco han llegado a modificar y retorcer las leyes -y en no pocas ocasiones a vulnerarlas- convirtiéndolas poco menos que en objeto de culto y, al parecer, su cumplimiento no cambia nada.
El Estado español considera insuficientes los pasos dados por la izquierda abertzale, pero la mayoría política, sindical y social de Euskal Herria considera no sólo que son sobradamenete suficientes, sino también que basta y sobra la insuficiencia democrática del Estado español. Ni Jáuregi ni Conde-Pumpido deben decidir qué es suficiente y qué no lo es. Eso sólo pueden decidirlo los ciudadanos; ellos sí, tienen la potestad de impedir la presencia de la izquierda abertzale o de cualquier fuerza política en las instituciones.