Los comités de empresa de las plantas del Grupo de Forja Vasco, radicadas en Bizkaia y Gipuzkoa, acusaron ayer a las Administraciones públicas de «poner zancadillas» al nuevo proyecto empresarial que lideran los trabajadores, tras la entrada en concurso de acreedores de las antiguas sociedades del grupo.

Según expusieron ayer en Bilbo representantes de los sindicatos CCOO, ELA, LAB y UGT en el grupo, el antiguo Grupo de Forja Vasco de Sistemas de Precisión (SFP) entró en crisis a fines de 2008 y, «ante la falta de empresarios», los trabajadores apostaron por seguir con la actividad y constituyeron con los centros dos Sociedades Anónimas Laborales (SAL) en Bizkaia y Gipuzkoa, informó Efe.

Tras un ajuste laboral que rebajó de 415 a 285 el número de empleos, los trabajadores «empezaron un nuevo proyecto empresarial», para el que consiguieron capitalización mediante el Fogasa y las prestaciones por desempleo que solicitaron al INEM.

Javier Blasco, portavoz de los trabajadores, señaló que mientras el colectivo trata de «mantener la cartera de clientes» y el número de empleos, las instituciones públicas han adoptado una actitud «beligerante» en relación al proyecto.

Explicó que «la gota que colma el vaso» ha sido la actitud de la Tesorería General de la Seguridad Social, que la pasada semana, bajo el argumento de que ha habido «una subrogación» de empresas, ha enviado a los clientes un embargo de los derechos de cobro de las facturas de la empresa comercial del grupo. Para los trabajadores, esta actuación genera «desconfianza» en los clientes y «pone en peligro la continuidad» del proyecto empresarial.