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El TSJPV ratifica la paralización cautelar del Plan Especial de Alleri
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado los recursos de reposición interpuestos por la Gestora Municipal de Ondarroa y Lakua contra la paralización cautelar del Plan Especial de Alleri.![p017_f02_096x112.jpg p017_f02_096x112.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_5292/p017_f02_096x112.jpg)
GARA | ONDARROA
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha confirmado en todos sus extremos el auto de fecha de 20 de julio de 2010, por el que suspendió de manera cautelar el acuerdo de la Gestora Municipal de Ondarroa que aprobó definitivamente el 30 de marzo de 2010 el Plan Especial de Alleri.
La entidad que preside el jeltzale Félix Aranbarri y el Ejecutivo de Lakua, a través de la sociedad pública Orubide, pretendían seguir con el proyecto de construcción de 480 viviendas en la marisma, a pesar de que esté aún pendiente que los magistrados se pronuncien sobre el fondo de la cuestión y partiendo de que el TSJPV ordenó la paralización de este desarrollo residencial en la villa marinera al estimar que se podrían producir daños irreparables en un espacio de interés ecológico.
La resolución judicial supone un nuevo varapalo para los intereses del PNV, empeñado en urbanizar las marismas del Artibai y que dispone del aval de la Diputación vizcaina y del Gobierno de Gasteiz, con la oposición del movimiento ecologista.
En el auto se incide en los argumentos expuestos en la resolución recurrida por las instituciones, en el sentido de dar preferencia al interés en la protección del medio ambiente sobre lo urbanístico, «que viene en este caso -sentencia la ponente- plenamente justificada, por la irreversibilidad del perjucio ecológico derivado de las obras de construcción de 480 viviendas» en un área de marismas en la que se pretende proteger a especies como el visón europeo. La magistrada apunta a que el deterioro del espacio de interés ecológico no se produciría sólo en el entorno donde se edificarían los bloques de pisos, sino en buena parte de las 13 hectáreas afectadas por el polémico Plan Especial.
Al tribunal tampoco le da seguridad la propuesta de Orubide, en la que aclara que habrá una «expresa prohibición de llevar a cabo actuación alguna sobre los espacios de protección ambiental excluidos de la zona edificable.